Causa Rudnev: una antropóloga cuestionó al fiscal Oscar Fernando Arrigo por ignorar los testimonios de las mujeres

La profesional María Vardé, integrante del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, elaboró un análisis sobre el vocabulario empleado en los tribunales para el expediente judicial que involucra a Konstantin Rudnev. En su publicación difundida mediante la plataforma Diversidad Religiosa, la especialista advirtió que las autoridades judiciales utilizan conceptos vinculados a organizaciones coercitivas desde el inicio de las indagaciones para invalidar el testimonio de aquellas mujeres que niegan ser víctimas de trata de personas.

El cuestionamiento apunta directamente contra las actuaciones del fiscal Oscar Fernando Arrigo, quien instruye la causa radicada en la ciudad de Bariloche. Según el análisis de la investigadora, los funcionarios asumen que las mujeres perdieron su capacidad de decisión autónoma y utilizan el propio rechazo de las testigos a considerarse damnificadas como una supuesta confirmación de que se encuentran manipuladas mentalmente, construyendo así una hipótesis acusatoria que resulta imposible de refutar mediante pruebas empíricas.

Esta situación quedó evidenciada durante el proceso federal llevado adelante en la jurisdicción rionegrina, donde la mujer identificada como Elena Makarova negó rotundamente durante un procedimiento legal cualquier tipo de vínculo con el acusado Konstantin Rudnev. A pesar de que la testigo afirmó haberse desplazado sin restricciones por la región y descartó haber sufrido explotación o privación de la libertad, el ente acusador mantiene su postura inicial y continúa considerándola como una persona sometida.

La joven originaria de Rusia explicó que su arribo al territorio de la Argentina respondió exclusivamente a la necesidad de alejarse de una relación conflictiva en su país natal para resguardar su integridad durante el embarazo. En contraposición a la teoría fiscal, la mujer relató que tras dar a luz fue interceptada por efectivos de seguridad y mantenida en condiciones precarias junto a su recién nacido, por lo que consideró que el accionar del sistema judicial resultó injusto y perjudicial para su familia.

En relación al marco normativo, el informe académico destaca que la legislación penal castiga la captación y el traslado de individuos con fines de explotación, pero no incluye jurídicamente las categorías de secta o lavado de cerebro empleadas por la parte acusadora. La autora del documento aclaró que resulta fundamental investigar los posibles delitos cometidos en cualquier comunidad, aunque remarcó que las creencias personales o la convivencia voluntaria no deben utilizarse como herramientas sustitutivas para demostrar un ilícito penal.

Fuente: Noticias Argentinas (NA)