DERIVACIONES DEL CRIMEN DE ÁNGEL
Caso Ángel: apuntan contra las psicólogas que avalaron entregarle la tenencia a la madre acusada del crimen
La Fundación Más Vida acusó formalmente a las dos profesionales que elaboraron los informes claves para otorgarle la tenencia a la principal imputada del brutal homicidio, advirtiendo que omitieron estudios ambientales básicos y forzaron el vínculo por cuestiones netamente ideológicas.
Las repercusiones por el aberrante crimen de Ángel López suman un nuevo y polémico capítulo judicial en la ciudad de Comodoro Rivadavia. En las últimas horas, la Fundación Más Vida decidió denunciar penalmente a Jennifer Leiva y Vanesa Marín, las dos psicólogas que firmaron los dictámenes favorables para que Mariela Altamirano, actualmente detenida con prisión preventiva junto a su pareja,obtuviera la guarda del pequeño. La acusación formal contra las profesionales se radicó por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y la emisión de un informe falso.
Desde la organización civil sostienen que los documentos presentados por las especialistas resultaron "claves" para que el juez de la causa, Pablo José Pérez, dictara la sentencia a favor de la madre biológica a pesar de los evidentes riesgos.
Los integrantes de la fundación le explicaron a Noticias Argentinas (NA) que la decisión de las profesionales estuvo fuertemente impulsada por "cuestiones ideológicas" con el objetivo de forzar la revinculación familiar. Además, subrayaron una gravísima negligencia procedimental: las psicólogas no realizaron un informe ambiental, un paso fundamental que hubiera dejado en evidencia las extremas carencias en las que residía la acusada junto a su novio.
El expediente revela un historial familiar sumamente alarmante que, de manera inexplicable, habría sido pasado por alto en los tribunales. La Justicia ya le había quitado la tenencia de otro de sus hijos a la imputada, quien previamente también había abandonado a Ángel cuando apenas era un bebé de meses. Sumado a este oscuro prontuario de negligencia materna, se constató que la vivienda donde fue finalmente alojado el nene asesinado no contaba con las condiciones habitacionales necesarias, obligando a todos los miembros de la casa a alimentarse a diario mediante la asistencia de un comedor barrial.
Como si todas estas alarmas institucionales fuesen insuficientes, el abrupto cambio en la rutina de la víctima dejó secuelas psicológicas que nadie atendió a tiempo. Al mudarse con su progenitora, el niño tuvo que ser reubicado en un nuevo jardín de infantes y los reportes escolares redactados por su maestra advirtieron sobre una alteración radical en su comportamiento, describiendo que en los días previos a su trágica muerte se lo notaba profundamente "enojado y angustiado".
Fuente: Noticias Argentinas (NA)
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