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El conflicto universitario en Tucumán continúa escalando en su nivel de gravedad, no solo por la cantidad de días sin dictado normal de clases, sino por el crudo diagnóstico económico que atraviesan los educadores. En medio de un paro docente, la secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT), Anahí Rodríguez, expuso la realidad que enfrentan los trabajadores del sector frente al congelamiento presupuestario.
En diálogo con LV7 (FM 102.7), la titular del gremio apuntó directamente contra la gestión del presidente Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso Nacional que exigía una recomposición salarial desde diciembre de 2023. Según los cálculos de ADIUNT, esta negativa gubernamental implica que el Estado les adeuda un incremento superior al 30%.
Aun así, la preocupación gremial se agrava al analizar el horizonte a corto plazo: Rodríguez advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 que discute el Gobierno plantea "un nuevo ajuste en educación". De esa forma, denunció un congelamiento en términos salariales y presupuestarios que amenazaría directamente "el normal funcionamiento de las unidades académicas".
El dato más alarmante revelado por la secretaria general de ADIUNT es la brutal pérdida del poder adquisitivo. "Ha caído prácticamente 20 años atrás", señaló la gremialista. Si bien reconoció que la depreciación no es responsabilidad exclusiva de la actual administración nacional, advirtió que en el último año la brecha se profundizó.
A modo de ejemplo, la titular de ADIUNT detalló que un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva percibe actualmente unos $800.000 pesos. "Podemos afirmar que hoy los trabajadores universitarios están cobrando salarios de indigencia, porque la mayoría están colocados debajo de los $700.000, y salarios de pobreza porque el otro porcentaje está por debajo de $1.500.000", sentenció.
Frente a este escenario, muchos docentes deben someterse al pluriempleo, denunció Rodríguez. “Un docente que tiene que salir de una facultad e ir a otra o terminar su su jornada laboral en las facultades y trabajar de Uber para poder completar su salario afecta enormemente la calidad educativa”, concluyó.
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