UATRE plantea objeciones a la reforma laboral y acompaña la movilización de la CGT

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y actualmente en discusión en el Congreso sumó un fuerte rechazo desde el gremio de los trabajadores rurales. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) planteó que el proyecto incluye modificaciones a la Ley de Trabajo Agrario (26.727) sin contemplar las particularidades de una actividad marcada por la estacionalidad, los ciclos productivos y la dependencia del clima

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Consultada por el medio Bichos de Campo, la dirigente sindical Carolina Llanos sostuvo que el problema de fondo es que el trabajo rural no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica. “No somos una actividad más. El trabajo rural es estacional, depende de cosechas, del clima y de ciclos productivos. Cambiar estas reglas sin contemplar estas particularidades es ignorar cómo funciona el campo argentino”, afirmó.

Período de prueba

Según explicó, el Título XI del proyecto introduce una serie de modificaciones que el sindicato interpreta como “flexibilizaciones” que afectan directamente las condiciones laborales del sector. En ese marco, uno de los ejes centrales del debate gira en torno a la figura del trabajador permanente discontinuo, un régimen que reconoce que el vínculo laboral se mantiene aun cuando haya períodos de inactividad por razones propias del trabajo rural.

Esa figura es clave porque permite que el trabajador conserve antigüedad y pueda acceder a derechos como aguinaldo, vacaciones e indemnización, incluso si su actividad se interrumpe durante el año. En un primer borrador, según trascendió desde el sector gremial, la Sociedad Rural Argentina había propuesto eliminarla, lo que generó preocupación por un posible avance hacia la precarización. Sin embargo, el texto definitivo firmado por el presidente Javier Milei mantiene ese esquema sin cambios.

El nuevo artículo 16 de la Ley de Trabajo Agrario sostiene que el contrato se considera permanente y de prestación continua, salvo excepciones previstas en la misma norma. No obstante, el proyecto incorpora un punto que hasta ahora estaba prohibido: la posibilidad de establecer un período de prueba.

De acuerdo con el texto de la reforma, ese período podría extenderse hasta ocho meses, habilitando a los empleadores a evaluar al trabajador antes de confirmar su contratación formal. Para UATRE, ese cambio es especialmente sensible porque, por la dinámica del sector, podría convertirse en una herramienta para renovar año tras año la precariedad.

Llanos advirtió que esta modalidad afectaría de lleno a los trabajadores migrantes que se trasladan según las temporadas de cosecha. “Hoy, como permanentes discontinuos, el empleador tiene la obligación de volver a convocarlos, pero con la reforma, cada temporada podrían quedar ‘a prueba’, sin estabilidad ni antigüedad”, señaló.

En esa línea, la referente sindical remarcó que la consecuencia práctica sería que muchos trabajadores perderían continuidad laboral, aunque se trate de la misma actividad repetida cada año. “Esto no es fomentar empleo, es legalizar la inestabilidad permanente”, sostuvo. Y agregó: “Trabajadores que hoy tienen continuidad reconocida pasarían a empezar de cero todos los años”.

Acuerdos sin votación tripartita

Otro punto que generó cuestionamientos desde la UATRE es el cambio propuesto en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), el organismo que regula y supervisa aspectos clave del sector, incluyendo la negociación salarial. En el artículo 110 del proyecto se establece que los acuerdos salariales seguirán discutiéndose dentro de la CNTA, pero la votación ya no sería tripartita con intervención del Estado como parte decisoria.

Con la reforma, la negociación quedaría reducida al diálogo entre empleadores y sindicato, mientras que el Estado sólo cumpliría un rol posterior de homologación. Para Llanos, esto representa un retroceso porque “en los hechos, se fortalece la posición del sector empresario para bloquear negociaciones y se debilita la capacidad de los trabajadores de defender su salario”.

Desde la mirada sindical, la eliminación del voto estatal deja abierta la posibilidad de que las discusiones queden empantanadas sin resolución. Según planteó, los trabajadores podrían convertirse en “rehenes de la falta de acuerdo”, ya que el Estado ya no tendría la posibilidad de desempatar ni de intervenir activamente en la definición del salario mínimo.

Pago por rendimiento

En paralelo, el proyecto mantiene la figura del pago por rendimiento, un esquema que permite sumar un plus salarial en función de la productividad. El nuevo artículo 34 establece que esa remuneración adicional debe fijarse según el trabajo realizado, pero aclara que nunca puede ser inferior al salario mínimo acordado en la negociación colectiva.

Sin embargo, desde UATRE alertaron que este punto no puede analizarse por separado, ya que el piso salarial dependerá de cómo funcione la negociación dentro de la CNTA con las nuevas reglas. Para Llanos, si ese salario mínimo resulta insuficiente, el pago por rendimiento podría convertirse en una presión para trabajar más por ingresos cada vez menores.

“El rendimiento depende de la naturaleza y no de la voluntad del trabajador”, observó la dirigente. Y advirtió que, en un contexto climático adverso o con condiciones desfavorables de cosecha, el sistema podría implicar “jornadas completas por ingresos cada vez más bajos”.

La cuestión de la responsabilidad

El rechazo gremial también se enfoca en un aspecto clave del trabajo rural moderno: la contratación de cuadrillas o empresas tercerizadas. Allí aparece otro punto sensible del proyecto, vinculado a la responsabilidad solidaria, que regula qué ocurre cuando un contratista emplea trabajadores dentro de un establecimiento o para una empresa mayor.

Según la interpretación de UATRE, la reforma elimina la responsabilidad de los propietarios de tierras, maquinarias o equipamiento respecto a los trabajadores contratados por terceros. Para Llanos, esto abre un escenario riesgoso porque permitiría que quienes se benefician directamente del trabajo rural se desliguen de obligaciones laborales.

“Ese es otro punto gravísimo”, expresó la sindicalista. En su análisis, la reforma “legitima un esquema de tercerización donde el empleador real se desentiende”. Incluso advirtió que en muchos casos los contratistas no serían más que una fachada formal. “No son el empleador real, sino una pantalla”, sostuvo.

En ese marco, Llanos insistió en que el proyecto no implica modernización sino una reducción de responsabilidades empresariales. “No es modernización, es una forma de encubrir la relación laboral, diluir responsabilidades y facilitar la precarización en el sector rural”, afirmó.

La dirigente sostuvo que la legislación vigente reconoce la especificidad del trabajo agrario y que modificarla bajo la lógica de la flexibilidad implica un retroceso. “Quitar esas protecciones en nombre de la ‘flexibilidad’ no es modernizar: es desproteger el trabajo rural y retroceder en derechos que costaron años construir”, concluyó.