La caña de azúcar podría convertirse en un activo ambiental estratégico para la cancelación de tributos en Tucumán

Una iniciativa parlamentaria busca integrar el sistema productivo local con los mercados ambientales internacionales y el sistema tributario provincial, habilitando a los contribuyentes a transformar el impacto ambiental positivo en recursos fiscales efectivos. Bajo la premisa de que la Provincia cuenta con una ventaja estructural singular, el proyecto, redactado por el peronista Gerónimo Vargas Aignasse, resalta que “la caña de azúcar es un cultivo con alta eficiencia fotosintética que actúa como un sumidero de carbono de gran capacidad, capturando importantes volúmenes de dióxido de carbono y liberando oxígeno”, a lo que se suma su capacidad para generar bioenergía y sustituir combustibles fósiles. De esta manera, el programa pretende fortalecer las finanzas públicas sin incrementar la presión tributaria, recuperando deudas de difícil cobro mediante instrumentos con valor económico verificado.

El corazón de la propuesta, que fue acompañada por las firmas de los legisladores Carlos Gallia y Leopoldo Rodríguez, establece un reconocimiento especial para el principal motor económico de la región. En su Artículo 8°, el documento es taxativo al disponer: “Declárase a la caña de azúcar como activo ambiental estratégico de la Provincia de Tucumán, en virtud de su capacidad de captura de carbono, producción de oxígeno, generación de biomasa y contribución a la producción de bioenergía”, facultando a la autoridad de aplicación a establecer incentivos específicos para el sector sucroalcoholero.

Estas características permiten que el sector productivo genere activos que adquieren valor económico en mercados especializados, posicionando a la caña no solo como un recurso primario, sino como un instrumento financiero de mitigación climática. Según los fundamentos del proyecto, esta integración permite que “el sector productivo puede generar activos ambientales que adquieren valor económico, ampliando sus posibilidades de financiamiento y competitividad”.

Mecanismos de cancelación y activos certificados

El programa “Tucumán Verde” autoriza formalmente al Poder Ejecutivo a “aceptar Activos Ambientales Certificados como medio de pago total o parcial de tributos provinciales, deudas administrativas, judicializadas y regímenes de regularización”. Para ello, se consideran como tales a los instrumentos que representen beneficios ambientales medibles y trazables, incluyendo:

• Créditos de carbono: definidos como la “unidad certificada, transferible y verificable que representa la reducción, captura o evitación de una (1) tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2e)”.

• Bonos verdes: instrumentos financieros cuyos fondos se destinen a “financiar o refinanciar proyectos con impacto ambiental positivo verificable, conforme estándares internacionales reconocidos”.

Para garantizar la transparencia, el proyecto prevé la creación del Registro Provincial de Activos Ambientales y del Fondo Provincial de Activos Ambientales, este último con el objeto de “administrar, custodiar, negociar y aplicar los activos recibidos”, los cuales podrán ser comercializados en mercados secundarios o utilizados como garantía una vez integrados al patrimonio provincial.

Legislador Gerónimo Vargas Aignasse, quien elevó la propuesta al Parlamento local.

La iniciativa se inscribe en un contexto de transformación global donde los servicios ambientales adquieren un precio de mercado concreto. El régimen propuesto establece que la autoridad de aplicación determinará el valor de estos activos considerando el “precio de mercado internacional, liquidez del instrumento, riesgo asociado, calidad ambiental certificada y costos de transacción”.

En última instancia, el proyecto busca que el ambiente deje de ser percibido únicamente como una restricción o un costo para el Estado y las empresas. Según concluye el texto, la propuesta reconoce que la sostenibilidad es “una oportunidad para generar valor económico, impulsar el desarrollo productivo y fortalecer la capacidad financiera del Estado en un marco de sustentabilidad”, diversificando las herramientas fiscales disponibles para la provincia.