Especialistas advierten que la baja de retenciones no alcanza para mejorar la competitividad

La reciente decisión del Gobierno nacional de establecer un cronograma de reducción gradual de las retenciones a los granos y sus derivados alivió uno de los principales reclamos históricos del sector agropecuario. Sin embargo, durante una jornada organizada por la Comisión de Impuestos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el marco de la Exposición Rural de Palermo, especialistas coincidieron en que la agenda tributaria del agro está lejos de agotarse y que aún quedan reformas estructurales pendientes.

A lo largo del encuentro, tributaristas y contadores analizaron los principales obstáculos que enfrenta el sistema impositivo argentino y plantearon propuestas para mejorar la competitividad del sector. El eje del debate dejó en claro que, más allá de la baja progresiva de los derechos de exportación, persisten tributos y mecanismos administrativos que, según los especialistas, afectan la rentabilidad y desalientan las inversiones.

El abogado y contador Matías Olivero Vila fue uno de los más críticos con la carga tributaria vigente. "Argentina es el país con los impuestos más altos del mundo", afirmó, y sostuvo que "el 60% de la rentabilidad del agro son impuestos". En ese sentido, propuso avanzar hacia un esquema de transparencia fiscal que permita a los consumidores conocer con claridad el peso de los tributos sobre los precios finales de los productos.

Por su parte, el contador Santiago Sáenz Valiente consideró que la estructura tributaria actual "afecta principios constitucionales" y destacó herramientas como el Régimen de Inversiones para Empresas Pequeñas y Medianas (RIMI), al entender que favorecen la incorporación de tecnología y mejoran las condiciones para amortizar inversiones. También valoró los cambios en la valuación de la hacienda de invernada por generar mayor equidad respecto de la actividad de cría y reiteró que, aunque las retenciones comenzaron un camino descendente, "resulta indispensable su derogación futura una vez alcanzado el equilibrio fiscal".

El análisis también alcanzó a los tributos provinciales. El contador Lisandro Balestra cuestionó especialmente el impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que definió como un gravamen que "no debería existir" por la forma en que se aplica. Además, sostuvo que "es un impuesto bastante nocivo para toda la cadena industrial, los comerciales y, en particular, los productores", al considerar que termina afectando la competitividad de toda la actividad económica.

Otro de los temas abordados fue el tratamiento de los quebrantos impositivos. El contador Osvaldo Balan advirtió que la falta de actualización por inflación perjudica seriamente a quienes atraviesan pérdidas. "No actualizar un quebranto por inflación es pulverizar al productor", afirmó, y recomendó que aquellos contribuyentes con quebrantos acumulados evalúen recurrir a la Justicia apoyándose en el principio de no confiscatoriedad.

El cierre estuvo a cargo del contador Mariano Echegaray Ferrer, quien planteó la necesidad de modernizar el Sistema Simplificado Agrícola. Lo definió como "un régimen de control que quedó viejo" y reclamó procedimientos más ágiles y previsibles. "No estamos pidiendo flexibilidad, sino racionalidad", expresó. A su juicio, el principal desafío no pasa únicamente por reducir impuestos, sino por construir un sistema tributario más ordenado y eficiente. "La mejor reforma que puede tener el agro no viene desde el lado de una baja de impuestos sino de ordenar el sistema", concluyó.