Una auditoría reveló 84% de causas pendientes en el Tribunal de Faltas y un potencial perjuicio de hasta $20.000 millones

Un número ayuda a comprender el conflicto que desde hace meses enfrenta a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán con los jueces del Tribunal Municipal de Faltas: 84%.

Ese es el porcentaje de causas que permanecían pendientes de resolución dentro de la muestra examinada por una auditoría de la Contaduría General municipal a la que accedió Tendencia de Noticias. El relevamiento se realizó durante 2025 sobre el funcionamiento del Tribunal durante el ejercicio 2024 y detectó demoras, expedientes acumulados, dificultades para reconstruir actuaciones y deficiencias en el seguimiento administrativo de las infracciones.

El informe ofrece una fotografía acotada (sus porcentajes corresponden a la muestra auditada y no deben extrapolarse automáticamente a la totalidad de los expedientes), pero sus resultados encendieron alarmas dentro del Ejecutivo municipal. Según la documentación analizada, el 11% de los casos terminó mediante cancelación o resolución voluntaria por parte de los infractores; otro 5% había sido tramitado por los juzgados de Faltas; y el 84% restante continuaba pendiente.

La auditoría también encontró una importante acumulación de expedientes y, al revisar causas prescriptas, detectó documentación faltante o incompleta y demoras en la incorporación de actas al sistema. El desempeño, según surge del relevamiento, tampoco resultaba uniforme entre los distintos juzgados.

El impacto económico potencial aparece como otro de los puntos sensibles.

Estimaciones manejadas en el ámbito municipal ubican el eventual perjuicio asociado a la falta de resolución y ejecución de expedientes en una franja extremadamente amplia, de entre $3.500 millones y $20.000 millones. Esa cifra, sin embargo, debe diferenciarse de los hallazgos estrictos de la auditoría: con la información disponible no puede afirmarse que ese monto constituya una pérdida efectivamente determinada por los auditores ni que todo expediente pendiente hubiera terminado necesariamente en una multa cobrable.

De la auditoría a una pelea que terminó en los tribunales

El diagnóstico derivó en una decisión política y, luego, en un conflicto judicial. La gestión de Rossana Chahla reorganizó el Tribunal mediante el Decreto 0099/SG/2025, que incluyó un sistema de rotación de jueces. Gerardo Augusto Poliche, presidente del organismo, llevó la reforma a la Justicia al considerar que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones del Concejo Deliberante.

La Fiscalía de Cámara dictaminó contra la posición municipal y consideró que el decreto vulneraba la jerarquía normativa. La Municipalidad respondió cuestionando esas conclusiones y defendió las facultades del Ejecutivo para reorganizar el organismo. El expediente quedó en manos de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa, que deberá resolver la cuestión de fondo.

El conflicto sumó otro capítulo cuando el Municipio intentó incorporar una presentación de los jueces María Luciana Estofán y Jorge González, quienes habían invocado el propio Decreto 99/2025 para reorganizar turnos ante la jubilación de un magistrado. Para la defensa municipal, esa actuación implicaba un reconocimiento práctico de las facultades que los jueces cuestionaban en tribunales. La Cámara rechazó incorporar la prueba porque la causa ya estaba en condiciones de recibir sentencia.

En paralelo, otros magistrados mantienen un litigio por diferencias salariales, luego de que Chahla derogara el régimen que equiparaba sus haberes con los de un secretario municipal.

La auditoría, a la que tuvo acceso TDN, aporta ahora una pieza central para comprender el origen político del conflicto: documentó demoras, expedientes pendientes y problemas administrativos. Pero queda una cuestión que el informe no puede resolver y que está en manos de la Justicia: si la intendenta tenía facultades para corregir esas falencias mediante un decreto.