Tucumán oficializó su nuevo régimen penal juvenil tras la baja de la imputabilidad a los 14 años

Tucumán avanzó en la implementación del nuevo régimen penal juvenil, luego de que el Poder Ejecutivo provincial promulgara la Ley N.º 10.011, que fue publicada oficialmente este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial N.º 31.305. La normativa, sancionada por la Legislatura el pasado 30 de septiembre, establece un marco provincial para la ejecución y supervisión de las medidas y penas aplicadas a adolescentes en conflicto con la ley penal, en consonancia con la reforma aprobada este año por el Congreso de la Nación.

La decisión se produjo después de la sanción de la Ley Nacional N.º 27.801, aprobada definitivamente por el Senado el 27 de febrero y promulgada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 138/2026. Tendencia de Noticias tuvo acceso al texto de promulgación de la normativa, que introduce importantes modificaciones en el sistema de justicia juvenil argentino. Entre los principales cambios, se destaca la reducción de 16 a 14 años de la edad mínima de imputabilidad penal, una de las reformas más significativas en esta materia durante las últimas décadas.

Con la promulgación de la nueva ley provincial por parte del gobernador Osvaldo Jaldo, Tucumán formalizó su adecuación institucional a ese esquema nacional, que contempla la responsabilidad penal de adolescentes de entre 14 y 17 años y establece procedimientos, garantías y mecanismos especializados para el tratamiento de los delitos cometidos por personas menores de edad.

La legislación nacional reemplazó el régimen establecido por la Ley 22.278, vigente desde 1980, y dispuso que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adecuaran sus normas procesales y administrativas a los nuevos principios y garantías.

En ese contexto, la sanción de la Ley 10.011 representa un paso para organizar la aplicación del régimen en la Justicia provincial, particularmente en lo referido al cumplimiento de las decisiones judiciales, la supervisión de las medidas impuestas y el acompañamiento de los adolescentes alcanzados por el sistema penal.

Un cuerpo de supervisores y un instituto especializado

Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación tucumana es la creación de un Cuerpo de Supervisores, bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, destinado a intervenir en el seguimiento y control de las medidas judiciales dispuestas en el marco del régimen penal juvenil.

La incorporación de esta estructura apunta a fortalecer el control de las disposiciones judiciales y el acompañamiento de los adolescentes, mediante mecanismos de supervisión especializados.

La norma también contempla el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil «Cura Brochero», como parte de la organización provincial destinada al abordaje de adolescentes sometidos a medidas y penas previstas en la legislación.

El nuevo esquema incorpora criterios de intervención interdisciplinaria, con especial atención a la educación, la salud, la contención y los procesos de reinserción social.

De esta manera, la reforma no se limita a establecer mecanismos para el cumplimiento de sanciones, sino que también contempla herramientas orientadas a reducir la reincidencia y favorecer la integración social de los adolescentes.

La aplicación efectiva de estas disposiciones requerirá la organización de los equipos especializados, la adecuación de las instituciones involucradas y la articulación entre el Poder Judicial y los organismos provinciales competentes.

La reforma nacional que bajó la edad de imputabilidad

El nuevo régimen provincial se inscribe en una reforma de alcance nacional impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso después de un intenso debate político y jurídico.

La Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 9 de marzo de 2026, estableció que los adolescentes podrán ser sometidos al régimen de responsabilidad penal a partir de los 14 años, siempre que se les atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito.

Hasta la modificación legislativa, la edad mínima de punibilidad se encontraba fijada en los 16 años, conforme al régimen anterior.

Además de modificar ese límite, la normativa nacional incorporó principios específicos para el juzgamiento de adolescentes, con garantías procesales, intervención de operadores especializados, medidas alternativas y disposiciones orientadas a la educación, la responsabilización y la reinserción social.

La reforma también contempló mecanismos de asistencia a las víctimas y estableció criterios diferenciados respecto del sistema penal aplicable a las personas adultas.

El Gobierno nacional reglamentó posteriormente la ley mediante el Decreto 875/2026, del 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y creó mecanismos de coordinación con las jurisdicciones provinciales.

Entre ellos se encuentra la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, concebida como un espacio de articulación para avanzar en la implementación de la nueva legislación.

Con la promulgación y publicación de la Ley 10.011, Tucumán incorporó una regulación específica para organizar la ejecución de medidas y penas juveniles, en un contexto de transformación del sistema penal adolescente a escala nacional.

La nueva normativa provincial deberá articularse con las competencias de la Corte Suprema de Justicia, los órganos judiciales especializados y las dependencias estatales responsables de la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Su implementación también planteará desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos humanos especializados, la infraestructura institucional y la coordinación de políticas de educación, salud y acompañamiento social.