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El proyecto del gobernador Osvaldo Jaldo para garantizar el financiamiento mensual de la Defensoría del Pueblo abrió un nuevo frente de cuestionamientos en la Legislatura. El legislador José “Pepe” Seleme, del bloque Avanza Tucumán, salió al cruce de la iniciativa y reclamó que, antes de modificar el esquema de transferencias, el Gobierno explique cómo se utilizan los recursos del organismo que conduce Agustín Fernández.
“Al gobernador Jaldo le preocupa más que a la Defensoría no le falte un peso que explicarle a los tucumanos qué hace ese organismo con los miles de millones que gasta todos los meses. Parece que no les alcanza. ¿O quiere garantizar que se financie bien esa ‘caja de la política’ tucumana?”, cuestionó el parlamentario.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo propone incorporar a la Defensoría del Pueblo al régimen de autarquía financiera establecido por la Ley 6930, bajo un mecanismo similar al que ya tienen la Legislatura, el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. De aprobarse, el nuevo esquema comenzaría a regir a partir del ejercicio presupuestario 2027 y garantizaría transferencias mensuales de los recursos previstos en su presupuesto.
Seleme puso el foco en la dimensión de la estructura administrativa y en la proporción del presupuesto destinada al pago de salarios. Según los datos que mencionó, el organismo cuenta con casi 500 empleados de planta, cientos de contratados y más de 60 oficinas en la provincia.
“Hemos denunciado que la Defensoría tiene casi 500 empleados de planta, cientos de contratados, más de 60 oficinas y que el 97% del presupuesto se va en sueldos. ¿Qué hizo el Gobierno con eso? Nada. ¿No sería mejor que primero nos expliquen qué hacen con tanta plata y qué resultados tienen para mostrar?”, planteó.
El legislador también vinculó la discusión presupuestaria con las prioridades de la administración provincial. En ese sentido, cuestionó que se busque asegurar recursos para el organismo mientras persisten problemas de infraestructura y servicios básicos en distintas localidades.
“Los tucumanos estamos cansados de ver cómo se agranda el Estado para financiar la ‘fiestita’ de los que gobiernan hace décadas la provincia. Mientras, hay ciudadanos que no tienen agua, que viven entre ríos de cloacas y que se inundan todos los años”, expresó.
El planteo de Seleme no apunta, según aclaró, a cuestionar la función institucional de la Defensoría, sino el tamaño y el costo de su estructura. El parlamentario insistió en que el debate sobre la autarquía financiera debería estar acompañado por una revisión de su administración y de los resultados que presenta.
“No estoy en contra de defender los derechos de los tucumanos. Estoy en contra de gastar una fortuna en una estructura que solo es otra aspiradora de recursos de los ciudadanos”, afirmó.
Finalmente, volvió a dirigir sus críticas al gobernador: “Jaldo debería preocuparse menos por garantizarles los fondos a sus funcionarios y más por garantizarles soluciones a los tucumanos. Porque la plata no es del gobernador. Es de todos los tucumanos”.