Milei logró la media sanción a la ley de propiedad privada, aunque debió recortar los alcances del proyecto

El Senado de la Nación dio media sanción este viernes a la madrugada al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, luego de una sesión que se extendió por más de 10 horas. La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos a favor y 33 en contra, sin abstenciones y con dos ausencias, las de Flavio Fama (UCR-Catamarca) y Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza). Ambos habían solicitado votar mediante meet, aunque finalmente no tuvieron autorización del cuerpo. El texto pasa ahora a la Cámara de Diputados.

Los tres senadores nacionales por Tucumán votaron en contra del proyecto. Juan Manzur, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila se ubicaron en el bloque de rechazo, junto al resto de la bancada peronista y a representantes de otras fuerzas provinciales. La definición se dio en un contexto de tensión interna en el peronismo tucumano, atravesado por la fractura entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el propio Manzur.

El rol de Ávila fue determinante en uno de los desenlaces centrales de la sesión. Junto con la chubutense Edith Terenzi, su rechazo contribuyó a desbaratar el capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego, que preveía habilitar la disposición de tierras incendiadas en bosques implantados, áreas protegidas y humedales. Ese capítulo, que ya había generado resistencia entre gobernadores y bloques dialoguistas, terminó siendo retirado por el propio oficialismo antes de la votación en general, a pedido del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (Tierra del Fuego).

"Mi responsabilidad como Senadora es representar a Tucumán y evaluar cada proyecto pensando en las consecuencias que puede tener para nuestra Provincia. Por eso decidí no acompañar esta iniciativa", justificó Ávila en sus redes sociales.

El retiro del capítulo de manejo del fuego se sumó al de extranjerización de tierras, descartado 48 horas antes por la misma dinámica: la pérdida progresiva de apoyos entre senadores aliados que habían acompañado al oficialismo durante las sesiones extraordinarias del verano. Entre ellos, el radical Maximiliano Abad, que fundamentó su rechazo en el principio de no regresión ambiental, y la salteña Flavia Royón, que había advertido sobre errores conceptuales y técnicos en el articulado.

Con ambos capítulos fuera, el proyecto quedó reducido a tres ejes: expropiación y regularización dominial, procesos de desalojo, y registro de la propiedad inmueble. El primero fue aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra; el segundo, por 36 a 33, con la abstención de Terenzi, quien explicó que el régimen de desalojos que se legislaba aplicaba únicamente a la Ciudad de Buenos Aires y a jurisdicción nacional, dado que el resto de las provincias cuenta con su propio marco normativo.

El texto aprobado establece el juicio sumarísimo para los procesos de desalojo por usurpación u ocupación, con un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de alquileres. A pedido de la oposición dialoguista, se incorporó la intervención obligatoria de organismos de protección cuando hay menores o personas con discapacidad involucradas, y un plazo de hasta 10 días para garantizar una alternativa habitacional antes de ejecutar el desalojo.

En materia de expropiaciones, la ley restringe las facultades del Estado para declarar de utilidad pública un bien, exigiendo una interpretación restrictiva que identifique de forma específica el fin perseguido y demuestre que la medida resulta idónea, necesaria y proporcional. La indemnización queda limitada al valor de mercado y a los daños directos, con el lucro cesante acotado al 30% del valor del daño emergente salvo prueba de una afectación mayor.

La sesión estuvo marcada por un cruce entre la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, y el kirchnerista Jorge Capitanich, a raíz de la situación procesal de este último. En las afueras del Congreso, una manifestación en rechazo al proyecto derivó en incidentes entre grupos que arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad tras la desconcentración de la mayoría de los manifestantes.