La oposición denunció ante la Justicia que la UNT tergiversó la cautelar para salvar a Pagani y reclamó una sentencia urgente

La ofensiva judicial de los candidatos opositores Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala escaló este viernes a un nivel inédito. A través de la abogada Rocío Barbieri, presentaron ante el Juzgado Federal N°2 un escrito en el que le pidieron al juez que resuelva sin más demoras el fondo del asunto -si el rector Sergio Pagani puede o no presentarse a un tercer mandato- y que exhorte a la Universidad Nacional de Tucumán a revocar las resoluciones de la Junta Electoral y del Consejo Superior que postergaron la Asamblea al 10 de junio, bajo apercibimiento de sanciones.

El argumento que sostiene el pedido es contundente: esas resoluciones no son un acatamiento de la cautelar de la Cámara Federal sino su incumplimiento por exceso, parte de lo que los actores calificaron como un "plan deliberado, secuencial y sistemático" para beneficiar encubiertamente la candidatura del rector Pagani. Como elemento adicional, la presentación informó que Cabrera y Abdala ya habían formulado denuncia penal contra los tres miembros de la Junta Electoral ante el Ministerio Público Fiscal Federal.

Recordaron que la cautelar dictada el 15 de mayo ordenó suspender exclusivamente los trámites de la fórmula Pagani-Mercedes Leal, la única integrada por candidatos con dos mandatos consecutivos. Nada más. Sin embargo, la Junta Electoral extendió esa suspensión a la totalidad del proceso electoral -incluyendo la fórmula Cabrera-Abdala, que no estaba alcanzada por ninguna prohibición- y luego convocó a un Consejo Superior que, según el escrito, todavía no estaba legalmente constituido, para que ratificara esa decisión y corriera la Asamblea al 10 de junio. Para los actores, ese encadenamiento de actos no es una interpretación errónea de la cautelar sino su tergiversación deliberada: incumplimiento por exceso.

El escrito apunta con especial énfasis a las declaraciones públicas del propio Pagani, quien afirmó a la prensa que la medida cautelar había dispuesto aplazar la Asamblea. Para la abogada Barbieri, esa afirmación es una confesión: el rector sabía que la cautelar no ordenaba suspender la Asamblea y aun así avaló públicamente esa lectura. "¿Una medida cautelar del Poder Judicial puede emplearse a estos fines?", pregunta retóricamente el escrito.

La impugnación al Consejo Superior va más lejos aún. Los actores sostienen que el cuerpo que sesionó el domingo y postergó la Asamblea al 10 de junio era un órgano "aún inexistente" desde el punto de vista estatutario, compuesto por una mezcla de consejeros de mandatos anteriores y miembros parcialmente electos para el período que arranca el 28 de mayo. Una sesión de un órgano que todavía no termina de constituirse, razonan, no puede modificar válidamente el cronograma electoral aprobado por el Consejo Superior saliente.

La consecuencia que extraen de todo esto es directa: si la Asamblea no se celebra antes del 28 de mayo -fecha en que vence el mandato de Pagani y en que, según el Estatuto, deben jurar las nuevas autoridades- la UNT entrará en acefalía sin ningún mecanismo estatutario previsto para resolverla. Y el único responsable de ese escenario, concluyen, será la propia universidad por haber incumplido la cautelar.

El petitorio le pide al juez cuatro cosas concretas: que tome nota del incumplimiento, que exhorte a la UNT a revocar las resoluciones de la Junta Electoral y del Consejo Superior, que imponga sanciones por la desobediencia judicial y que habilite días y horas inhábiles para tramitar el asunto con urgencia. Esta última solicitud lleva un dato que habla del estado de la relación entre los actores y el juzgado: ya fue pedida en cinco oportunidades anteriores a lo largo del proceso y nunca recibió respuesta, ni afirmativa ni negativa.