La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia contra José Orellana por abuso sexual

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la condena a tres años de prisión en suspenso contra el legislador provincial del PJ José Fernando “Mellizo” Orellana por el delito de abuso sexual simple. La sentencia también lo inhabilita de por vida a ocupar cargos públicos. De todos modos, por el alcance de la condena, el parlamentario peronista no irá a la cárcel.

En un fallo unánime, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso de queja de la defensa del parlamentario tucumano con el argumento de que la presentación no cumplía con los requisitos formales.

La causa contra Orellana se inició en 2016, cuando éste se desempeñaba como diputado de la Nación y fue denunciado por una empleada del Congreso, que lo acusó de haberla manoseado y abusado el 11 de noviembre de ese año en el interior de su despacho.

La víctima de abuso, una exasesora de la entonces diputada socialista Gabriela Troiano, cuyo despacho estaba pegado al de Orellana, dijo que un día se acercó hasta su oficina para informarle que había gente que quería verlo en la puerta.  Según declaró, el entonces diputado tucumano abusó sexualmente de ella -con manoseos, acercamientos corporales, comentarios y besos que ella no consintió- mientras estaban solos. “Seguro que nadie te besó así, ¿no?”, contó ella que le dijo mientras le daba besos en la oreja izquierda, ante lo cual la víctima se soltó y luego de decirle “no, claramente no”, se retiró del lugar. La trabajadora tenía en ese entonces 22 años.

La investigación del delito se inició días después de esos hechos y, tras varias dilaciones en la instrucción, la Sala IV de la Cámara de apelaciones del fuero penal tuvo le dio impulso al juicio oral. Así, el 16 de diciembre de 2022 Orellana fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de la Capital Federa a cumplir una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de abuso sexual simple.

El exintendente de Famaillá apeló esa sentencia ante la Cámara de Casación, que en agosto de 2024 rechazó su planteo y dejó firme el fallo condenatorio de primera instancia. Orellana presentó un recurso extraordinario en contra de esa decisión para que el expediente sea analizado por la Corte Suprema, pero Casación lo rechazó por inadmisible.

En última instancia, el legislador recurrió en queja ante la Corte Suprema, que finalmente este jueves confirmó la sentencia en su contra por abuso sexual simple y ratificó la condena a tres años de prisión en suspenso, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Se estima que Orellana renunciará voluntariamente a su banca en las próximas horas para evitar que se accione un proceso formal de remoción en su contra.

El fiscal Sandro Abraldes, quien llevó adelante la acusación contra el legislador tucumano, sostuvo que en la investigación valoró el testimonio de la víctima como “veraz, verosímil y persistente en el tiempo”. Mencionó también las filmaciones aportadas en el expediente que corroboran lo que dijo la denunciante con respecto a su llegada y salida del despacho, así como también presentó un informe de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las víctimas (DOVIC) donde se describió el estado psicofísico de la joven. “Orellana se valió de la posición de superioridad jerárquica, de la investidura de Diputado Nacional para intimidar a la víctima y de ese modo concretar el acto sexual”, aseguró Abraldes.

En tanto, la querella reclamó cuatro años de prisión. En sus últimas palabras antes del veredicto, Orellana volvió a negar la acusación e insistió con que se trató de un invento para perjudicarlo en su carrera política.

La defensa de Orellana recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la decisión y la valoración de la prueba producida en la causa. El recurso no cumplía las pautas previstas en el reglamento aprobado por la acordada 7/2004 y por lo tanto la Corte Suprema desestimó la presentación.