Jueces llegarán a las escuelas de Tucumán para hablar sobre bullying, grooming, apuestas online y violencia digital

El Poder Judicial de Tucumán comenzará a implementar el programa “Jueces en la Escuela”, una iniciativa que llevará a magistrados y funcionarios judiciales a establecimientos educativos para dialogar directamente con docentes, padres y adolescentes sobre algunos de los problemas que atraviesan su vida cotidiana, desde el bullying y el grooming hasta las apuestas online, la difusión de imágenes íntimas y la violencia en las relaciones de pareja.

Daniel Leiva, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, confirmó en diálogo con Tendencia de Noticias que este miércoles se realizará la primera capacitación, con la participación de un juez de menores y autoridades educativas. La actividad marcará el inicio de la implementación de una propuesta que pretende establecer un vínculo permanente entre la Justicia y las escuelas. “Buscamos mejorar el acceso a Justicia. Por eso, dentro del Plan Estratégico 2024-2030 y luego de largas deliberaciones que eran necesarias, y en el marco de la implementación de la ley penal juvenil, queremos generar un puente”, explicó Leiva.

El presidente de la Corte señaló que el programa nació como un nuevo mecanismo de comunicación para acercar información a la comunidad educativa. “Nació este método de comunicación a los fines de explicar y poner en contexto a docentes, padres y alumnos cuál es la nueva realidad a la que se enfrentan”, afirmó. En ese sentido, Leiva puso el foco en conductas de adolescentes que pueden tener consecuencias legales. “Lo que antes podía entenderse como alguna actitud tolerable, esas acciones pasan a ser delitos con todo lo que eso implica. Por eso es importante salir y generar diálogos”, sostuvo.

La primera actividad estará destinada a directoras y autoridades educativas y contará con un juez de menores a cargo de la capacitación. Será el punto de partida de un esquema que luego pretende llegar directamente a los establecimientos secundarios de distintos puntos de la provincia. “Hay que entender que este cambio es para toda la sociedad, de la que nosotros no podemos permanecer apartados ni ser ajenos. Tiene una transversalidad total”, señaló Leiva. Y agregó que el desafío no alcanza únicamente a las familias: “Lo importante aquí es que no solo los padres, sino también muchos docentes, tendrán que marcar las pautas de conducta”.

El proyecto parte de un diagnóstico institucional: Tucumán todavía no cuenta con un programa formal y permanente de estas características, aunque durante 2025 se registraron experiencias de visitas de estudiantes secundarios a la Justicia de Paz. La propuesta pretende cubrir ese vacío mediante un esquema estable de vinculación entre el Poder Judicial y las escuelas.

La iniciativa toma como referencia programas que funcionan desde hace años en otras provincias. Salta desarrolla una experiencia similar desde 2004; Córdoba, desde 2005; y La Pampa implementó en 2015 “Educación + Justicia”. Misiones cuenta además con una plataforma digital interactiva que complementa las actividades presenciales.

El objetivo general es que magistrados y funcionarios brinden charlas de información, prevención y sensibilización para que los adolescentes conozcan sus derechos y obligaciones, sepan cómo acceder a la Justicia y cuenten con herramientas para resolver conflictos de manera pacífica. La coordinación estará a cargo de la Oficina de Coordinación de Acceso a Justicia y el programa se desarrollará dentro del convenio de cooperación entre la Corte Suprema provincial y el Ministerio de Educación.

Cada escuela podrá elegir entre ocho grandes ejes. Además del funcionamiento de la Justicia y el Régimen Penal Juvenil, aparecen violencia digital, grooming y ciberacoso; privacidad y huella digital; sexting y difusión no consentida de imágenes íntimas; contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial; convivencia escolar; violencia en el noviazgo; apuestas online y ludopatía juvenil; y abuso y acoso sexual.

Las capacitaciones tendrán una duración estimada de entre 60 y 90 minutos y buscarán evitar el formato de una clase exclusivamente teórica. La propuesta contempla encuentros dialogados, análisis de casos y participación activa de los estudiantes. Los magistrados y funcionarios se incorporarán como disertantes voluntarios y serán convocados de acuerdo con su especialidad.

El proyecto también prevé una plataforma digital de acceso público para extender el programa a aquellas escuelas que no puedan recibir una visita presencial. Allí habrá contenidos sobre derechos y responsabilidades, seguridad digital, términos judiciales explicados en lenguaje claro, material didáctico, simulaciones de casos, recorridos virtuales por una sala de audiencias y un mapa de organismos y líneas de asistencia.

La implementación será progresiva y los resultados serán medidos mediante encuestas a estudiantes y docentes, además de registros sobre las instituciones, localidades y cantidad de jóvenes alcanzados. Esa información servirá para elaborar un informe y evaluar posteriormente la continuidad y expansión del programa.

El antecedente: una mesa de trabajo entre jueces y Educación

La puesta en marcha del programa tiene como antecedente inmediato una reunión realizada días atrás entre autoridades del Ministerio de Educación y jueces de niños, niñas y adolescentes. El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y tuvo como eje analizar los desafíos y coordinar acciones ante el nuevo escenario planteado por el régimen penal juvenil.

La reunión fue encabezada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y participaron los jueces Liz Raddi, Javier Núñez Campero, Judith Solórzano y Ana Iacono, además de funcionarios y equipos técnicos de la cartera educativa.

Durante la mesa de trabajo se analizaron mecanismos de articulación entre el ámbito educativo y judicial, así como iniciativas vinculadas con la mediación estudiantil y programas de inserción educativa.

Tras el encuentro, Iacono destacó la necesidad de coordinar el trabajo frente al nuevo régimen. “Hemos venido a efecto de realizar una reunión bastante productiva respecto a la aplicación del nuevo régimen penal juvenil”, señaló. La magistrada aclaró además el alcance del rol de los jueces: “Nosotros no educamos, sino simplemente realizamos la aplicación de la ley penal juvenil”.

Ese primer acercamiento entre ambos poderes aparece ahora como parte del camino hacia “Jueces en la Escuela”, que propone institucionalizar y ampliar el vínculo mediante capacitaciones, encuentros con la comunidad educativa y posteriores visitas de magistrados y funcionarios a los establecimientos.