Incógnita institucional en la Cámara por el rechazo de Jaldo a un proyecto de su propia bancada

El veto total por parte del Poder Ejecutivo de la ley que creaba el Sistema de Monitoreo Post Legislativo parece haber dinamitado la unanimidad lograda en la Cámara y abriendo grietas e interrogantes institucionales. Mientras las bancadas opositoras acusan al gobernador Osvaldo Jaldo de "desconexión institucional" y anticipan de manera unánime que votarán por la insistencia del proyecto, en el oficialismo peronista asoman las primeras fisuras públicas, con legisladores clave que ya adelantan que no volverán a respaldar la norma para alinearse con la postura del Ejecutivo, y siembran la incertidumbre sobre la viabilidad de la norma.

El origen de este choque de poderes se remonta a la impugnación constitucional firmada por Jaldo y su ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, al considerar que la Legislatura se extralimitó al sancionar un marco legal que invadía funciones netamente ejecutivas. El decreto de veto sostiene que la ley excede el seguimiento de control parlamentario e incurre en facultades exclusivas de administración reservadas al Gobernador bajo el artículo 101, inciso 3, de la Constitución provincial. Los argumentos jurídicos oficiales, que recurren al doctrinario Germán Bidart Campos, indican que el reparto de competencias impide superponer funciones de monitoreo que afecten la órbita de aplicación de las leyes, objetando específicamente atribuciones como la de requerir informes o la creación de un "Laboratorio de Medición de Impacto" técnico. Esta dura interpretación técnica choca de inmediato con la postura del propio vicegobernador Miguel Acevedo, quien había defendido el espíritu del proyecto argumentando que "entendemos que las leyes que sancionamos deben ser medidas y evaluadas para conocer el impacto que producen en la sociedad y verificar que cumplan el efecto para el cual fueron creadas".

La respuesta de la oposición tucumana a Tendencia de Noticias fue inmediata y cargada de duros cuestionamientos al estilo de conducción de la Casa de Gobierno. El legislador José Seleme, de Avanza Tucumán, calificó la decisión del mandatario como “una clara demostración de que Jaldo está desconectado de la realidad institucional de Tucumán”. Seleme agregó con dureza que “después de ocho años como vicegobernador, debería saber perfectamente que la Legislatura es otro poder del Estado, con autonomía e independencia” y que, “como buen discípulo de (José) Alperovich, parece seguir creyendo que Tucumán es un unicato y que el gobernador puede decidir sobre todo. Ahora pretende entrometerse en otro poder, limitando las facultades de los legisladores y hasta las de su propio vicegobernador”. Dirigiéndose al titular del cuerpo, el opositor lanzó una advertencia: “Si yo fuera Acevedo, no confiaría tanto en Jaldo. Además, son los propios peronistas los que dicen que el gobernador no es muy afecto a cumplir con la palabra empeñada”.

En la misma línea, Eduardo Verón Guerra, (Fuerza Republicana) sostuvo que “un gobierno seguro de su gestión no debería temer ser evaluado. Las leyes sin control se vuelven anuncios vacíos, derechos incumplidos y obligaciones sin responsables”. En su argumentación, remarcó que “monitorear no es gobernar, evaluar no es administrar, pedir información no es invadir competencias. Es controlar, aprender y legislar mejor”. Verón Guerra concluyó con la advertencia que el veto, “aunque formalmente válido, es un retroceso político e institucional. La división de poderes no debe ser una muralla contra la transparencia, sino una garantía de que todos rindan cuentas ante los representantes y, sobre todo, ante la sociedad tucumana”.

Desde el bloque Movimiento Radical, Agustín Romano Norri instó a defender la institución: “Me parece que hay que avanzar con esta ley porque ha salido por unanimidad y, por lo tanto, tiene que tener un número para quedar firme. Si el oficialismo está hablando de la división de poderes, esta es una forma y una manera también de demostrar la división de poder”. El legislador radical anticipó el escenario de votación al sostener que “vamos a ver si prevalece la decisión del Legislativo o si el Ejecutivo hace torcer la misma voluntad de los mismos legisladores del oficialismo. Pero de parte de la oposición, obviamente vamos a votar por la insistencia”.

Sin embargo, la posibilidad de ratificar la ley con los dos tercios requeridos comenzó a diluirse rápidamente dentro de las propias filas oficialistas. El legislador justicialista Gerónimo Vargas Aignasse marcó un fuerte quiebre con la posición original de su bloque al manifestar a nuestro medio: “Estoy de acuerdo con el veto”. Al explicar su repentino cambio de postura, admitió: “No hice uso de la palabra en el recinto y acompañé porque el bloque acompañaba. Pero es un mal proyecto”. Al ser consultado sobre si votaría en contra en caso de una insistencia en el recinto, Vargas Aignasse fue tajante: “Sí, claro”.

Ante este escenario de división oficialista, Tendencia de Noticias intentó comunicarse de manera reiterada con la autora intelectual y defensora del proyecto original en el recinto, la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse, para conocer su posición frente a la impugnación de su propio gobierno, pero no obtuvo respuesta.

La gran incógnita que se abre ahora en la Legislatura tucumana es cómo proseguirá el desarrollo de la tarea parlamentaria ante esta encrucijada institucional. El cuerpo deberá definir si asume el costo político de agachar la cabeza y acatar silenciosamente el veto de la Casa de Gobierno —lo que licuaría la autoridad de la unanimidad alcanzada hace apenas unas semanas— o si emprenderá el complejo camino de insistir con la norma. Esta última opción no solo profundizaría de manera peligrosa un conflicto directo con el gobernador Osvaldo Jaldo, sino que además forzaría a los legisladores oficialistas a elegir públicamente entre la lealtad a la conducción partidaria de la gobernación o el respeto a la autonomía del cuerpo que presiden Miguel Acevedo y las comisiones de la propia Cámara.