Fiduciaria de Tucumán: el PJ sacó un artículo clave pero no despejó las dudas por la falta de controles y la discrecionalidad que tendrá Abad

La Legislatura de Tucumán aprobó por mayoría el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para autorizar la constitución de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y la creación del Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC), en el marco de una sesión ordinaria conducida por el presidente del cuerpo, Miguel Acevedo. El debate estuvo dominado por una profunda dualidad de opiniones entre la bancada oficialista y los bloques opositores en torno a la conveniencia de erigir una nueva entidad financiera habida cuenta de la existencia de la centenaria Caja Popular de Ahorros. Pese a que el oficialismo decidió retirar del dictamen de mayoría el cuestionado artículo 4 —cláusula que otorgaba prioridad a la nueva sociedad sobre todos los fideicomisos públicos del Estado—, la modificación no logró disipar las severas dudas respecto de la duplicidad de funciones, la exclusión de los controles previos del Tribunal de Cuentas y la amplia discrecionalidad concedida al Ministerio de Economía y Producción, encabezado por Daniel Abad, todo ello en un contexto económico nacional crítico signado por el cierre masivo de empresas y la asfixia crediticia que afecta a las pequeñas y medianas firmas de la provincia.

La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) regida por la Ley Nacional 19.550 y bajo la órbita del Ministerio de Economía. En su diseño operativo, la norma prevé la creación del FOGATUC con un Fondo de Riesgo inicial de $1.000 millones aportados por el Tesoro provincial en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), disponiendo en su artículo 18 un cupo obligatorio del 15% reservado exclusivamente para micro y pequeñas empresas (MiPyMEs). No obstante, el trámite parlamentario estuvo cruzado por intensos cuestionamientos al articulado original. Un punto neurálgico del contrapunto fue el retirado artículo 4, el cual estipulaba que la Fiduciaria debía "ser considerada prioritariamente como agente fiduciario en toda clase de fideicomisos a celebrarse, inclusive fideicomisos financieros, respecto de los tres Poderes del Estado, Sociedades en los Estados Provinciales sea partes, y Entes Autárquicos", redacción que para la oposición consagraba una ventaja indebida en desmedro de la Caja Popular.

Asimismo, el proyecto cosechó objeciones sobre el artículo 3, que fija un Directorio de apenas tres miembros elegidos de forma directa por el ministro de Economía; el artículo 5, que declara inaplicables las normas de la Administración Pública Provincial y somete a la sociedad al derecho privado y laboral; el artículo 7, que habilita el recupero ilimitado de gastos de funcionamiento, retribuciones y personal; el artículo 8, que faculta al Ejecutivo a transferir bienes muebles, inmuebles y recursos financieros sin un techo porcentual presupuestario; y el artículo 21, que posiciona al Ministerio de Economía y Producción como Autoridad de Aplicación con facultades concentradas de administración, control y fiscalización.

Al abrir la lista de oradores, el legislador Carlos Gallia, como miembro informante de la mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fundamentó el dictamen oficialista rechazando las críticas opositoras. Gallia aseveró que "se ha querido agitar el fantasma de una Caja Popular paralela o de una supuesta duplicación de funciones. La Caja Popular de Ahorros es una institución centenaria y un orgullo de los tucumanos, cuya misión nadie discute. La Caja capta ahorros y otorga financiamiento directo. Lo que hoy vinimos a crear aquí es una herramienta de una naturaleza totalmente distinta y profundamente complementaria". El parlamentario remarcó que el problema central de las pymes es la falta de garantías reales ante los bancos e hizo hincapié en que "el Estado no va a repartir subsidio improductivo ni a prestar plata a dedo. El FOGATUC es un patrimonio blindado e independiente que pone la espalda y el aval preferido por nuestros productores ante los bancos comerciales". Gallia detalló que cada peso del fondo apalancará entre cuatro y cinco veces su valor en créditos reales y formalizó el retiro del articulado polémico "para dejar todo en igualdad de condiciones".

En representación del dictamen de minoría por el rechazo, el legislador Claudio Viña sostuvo una postura crítica cuestionando la superposición de estructuras con la Caja Popular de Ahorros. Viña leyó los pasajes de la Ley 5115 de creación de la entidad financiera local, señalando que en su artículo tercero "habla de la finalidad de esa entidad y dice que integra el sistema financiero provincial... lleva a cabo su acción con la orientación económica y social que determine el Superior Gobierno de la provincia", añadiendo que "estamos ante una evidente mimetización con la actividad que debería realizar la Caja Popular". El legislador contrapuso la creación de la SAU con el presupuesto de más de $200.000 millones que maneja la entidad intervenida, advirtió sobre el artículo 5 que desplaza la administración pública y criticó la transferencia discrecional de bienes del artículo 8. En un tramo de su discurso, Viña utilizó una ironía para cuestionar la justificación oficial al deslizar que "no vaya a ser que el gobernador haya dicho en alguna charla de amigos con los ministros ¿Por qué no hacemos un asado? Y ha terminado entendiendo mal y están haciendo una SAU". Finalmente, en un segundo uso de la palabra hacia el final del debate, enfatizó que "el ministro Abad puede haber sido muy claro en sus explicaciones (dadas en la Legislatura)... pero no están escritas en la ley, por lo tanto, no valen... en todo el texto de la ley no menciona en ningún lugar al CFI".

A su turno, el legislador peronista Hugo Ledesma lamentó que el Poder Ejecutivo no haya canalizado la herramienta a través de la financiera estatal tradicional. Ledesma recordó la trayectoria de las autoridades provinciales al expresar que "el gobernador (Osvaldo Jaldo) fue interventor de la Caja Popular, por lo tanto sabe muy bien lo que la Caja puede hacer y sigo pensando que la Caja Popular tranquilamente podría haber administrado este fideicomiso". Asimismo, rebatió los argumentos sobre los costos de la entidad al aclarar que "la Caja Popular se autofinancia. La Caja Popular genera y paga sus propios sueldos. O sea, que el Estado provincial no tiene que sacar dinero directamente de su presupuesto", reafirmando que la institución cuenta con los recursos humanos e infraestructura necesarios para llevar adelante el fondo de garantía.

José Cano enfocó su intervención en las falencias de gobernanza y la falta de contrapesos institucionales del proyecto. El referente radical objetó que "el directorio estará constituido por tres miembros designados por el ministro de economía. No se exige idoneidad, control legislativo o asignación según bloques políticos" y agregó que "se desplaza el control del Tribunal de Cuentas sustituyendo por un control societario donde los accionistas únicos que aprueban la memoria y balance es el propio Poder Ejecutivo". El parlamentario comparó el texto tucumano con el modelo de Mendoza —donde existen auditorías externas e informes a la Legislatura— y lo contrapuso con los riesgos observados en el norte argentino, advirtiendo que "antecedentes similares a los que estamos votando hoy acá en Chaco, Fiduciaria del Norte SA, evidencia los severos riesgos fiscales e institucionales que surgen al desmantelar estos contrapesos... convirtieron al vehículo en un canal opaco para eludir licitaciones, asignar contrataciones directas multimillonarias... derivó en resonantes causas penales como Lavado 1".

La legisladora Silvia Elías de Pérez sumó datos de la crisis productiva nacional para contextualizar la urgencia de financiamiento, aunque coincidió en los reparos sobre el diseño institucional. Elías de Pérez citó informes oficiales indicando que "los últimos datos oficiales hablan de 31.268 pymes cerradas... 3.290 empresas cerradas, 181.542 puestos de trabajo perdidos, o sea, 181.542 familias que quedan con hambre", reconociendo que "ninguna de todas estas pymes tienen acceso al crédito porque justamente le falta tener un apalancamiento, una garantía". Sin embargo, cuestionó de manera firme la centralización administrativa expresando: "¿por qué no lo hacemos a través de la Caja Popular de Ahorros?". Y advirtió el "dejar un vehículo como este en manos exclusivas del Ministerio de Economía".

Por su parte, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse ensayó una defensa de la decisión del Gobernador fundada en la prudencia patrimonial. Vargas Aignasse sostuvo que "el gobernador lo ha hecho por una cuestión de prudencia, precisamente para preservarla a la Caja Popular de Ahorros, también es una entidad que está absolutamente politizada... si el Gobernador hablaba de un fideicomiso a partir de fondos de la Caja, muchos dirían 'quiere dar crédito a los amigos, quiere vaciar la Caja Popular'". El parlamentario justicialista remarcó que "el artículo sexto de la Ley 5115 dice que la provincia garantiza todas las operaciones de la Caja Popular de Ahorros", por lo que crear una SAU independiente permite aislar los riesgos del mercado y "no comprometer fondos públicos".

Al volver a hacer uso de la palabra, Gallia sostuvo que la exigencia de operar mediante una SAU respondió a una condición del CFI para auditar fondos ante la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, agregando que "si yo fuera Caja Popular... lo analizo y lo mando a la fiduciaria esa... me preservo como se preserva el Macro o el Banco Francés... es mucho más limpio dos administraciones separadas y que corran los riesgos separados". Cano replicó insistiendo en la falta de transparencia del proyecto local frente a los estándares de otras provincias en materia de comités de crédito, techos de comisiones y auditorías parlamentarias.

Posteriormente, Carolina Vargas Aignasse rechazó el uso de terminologías peyorativas durante el debate. La parlamentaria afirmó que "cuando se habla de caja paralela se hace como una invocación a pensar que existe un manejo de fondos paralelo al que debería ser... algo oscuro y algo que no debe ser y algo hasta diría de un tinte de ilegalidad". Defendió la herramienta argumentando que "existe una potestad del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Economía, de una cierta discrecionalidad para decidir cuál es la mejor herramienta" para asistir a pymes, emprendedores y al sector de la economía del conocimiento.

Ante estas manifestaciones, Elías de Pérez solicitó la palabra para responder con dureza, reivindicando su "honestidad intelectual" y aclarando que sus posturas no buscan repercusión en "reels" de redes sociales. Elías de Pérez procedió a leer textualmente el artículo 4 original para fundamentar sus críticas previas: "Fiduciaria de Tucumán S.A.U. deberá ser considerada prioritariamente como agente fiduciario en toda clase de fideicomisos a celebrarse... respecto de los tres Poderes del Estado... ¿Y cómo no iba a decir que había otra caja? Lo estaban haciendo y ahí podía pasar cualquier fideicomiso", remarcando que la eliminación de ese texto le daba la razón a la oposición.

A su vez, Ledesma pidió una nueva aclaración para responder a Gerónimo Vargas Aignasse sobre la capacidad jurídica de la entidad bancaria provincial. Ledesma citó que "en el inciso e del artículo 4 de la Ley 5115, la Caja Popular puede integrar sociedades de forma tal de constituir un patrimonio separado para alguna actividad que no se confunde con el patrimonio de la Caja misma y por lo cual la provincia no debe responder", demostrando que la entidad podía administrar la estructura sin arriesgar sus activos, motivo por el cual justificó su decisión de abstenerse.

El debate continuó con la postura del legislador José Seleme, quien ratificó su voto negativo denunciando falta de vocación de control sobre las arcas públicas. Seleme expresó que "veo que esta administración no tiene vocación para administrar como corresponde los fondos públicos", y advirtió que "no me va a sorprender que la llenemos de ñoquis a FOGATUC y termine fundida, como han terminado muchas de estas empresas". Exigió además que el Tribunal de Cuentas audite la totalidad de los recursos financieros aplicados.

En contraposición, el peronista Mario Leito rechazó las acusaciones de la oposición y defendió la legitimidad del proyecto. Manifestó que "esto no es una aventura financiera, esto no es una medida electoralista sino una para entregarle a las pequeñas y medianas empresas esa posibilidad que tenga de poder apalancarse y poder sacar crédito", destacando que la ley le otorga al Poder Ejecutivo un instrumento indispensable para mitigar el cierre de empresas familiares y la parálisis de la obra pública en la provincia.

Finalmente, el cierre del debate estuvo a cargo del presidente del bloque oficialista, Roque Álvarez, quien ponderó la escala financiera del FOGATUC y detalló el esquema de fiscalización bancaria. Álvarez explicó que los $1.000 millones aportados "cuando llegue al mercado financiero externo o privado, automáticamente se multiplica por 4,5 o por 5... no son 1.000, son 4.500 o 5.000 millones" de pesos en garantías. Aclaró que "la finalidad no es bajo ningún punto de vista reemplazar ni competir con los bancos, sino más bien complementar el sistema financiero", y desmintió enérgicamente la ausencia de fiscalización citando los artículos 13 y 14 de la norma: "el FOGATUC tiene que inscribirse ante el Banco Central de la República Argentina como Fondo de Garantía Público... nos sometemos a las obligaciones específicas que impone el Banco Central". Detalló que, bajo la Comunicación A6437 del BCRA, el fondo estará sometido a las auditorías del propio Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Caja de Valores, BYMA, el Mercado Argentino de Valores (MAV) y auditores externos matriculados.

Concluido el tratamiento en el recinto, la votación general arrojó un resultado de 33 votos afirmativos —reuniendo el respaldo de la bancada justicialista y de sectores de la oposición—, 3 votos negativos correspondientes a los legisladores José Seleme, Claudio Viña y José Macome, y 3 abstenciones formuladas por los legisladores José Cano, Silvia Elías de Pérez y Hugo Ledesma.