En una resolución que combina la sanción disciplinaria con un llamado de atención a las falencias administrativas, el Poder Ejecutivo de la Provincia, mediante el Decreto N° 2.596/7, dispuso la exoneración del oficial auxiliar Alejandro Marcelo Albornoz, integrante del Departamento General de Policía, tras confirmarse su condena judicial por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego. La medida, fundamentada en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (RRDP), también pone en evidencia serias demoras y omisiones en la tramitación administrativa del caso, exigiendo al Ministerio de Seguridad la identificación de los responsables de tales irregularidades.
El hecho se originó el 30 de diciembre de 2021, cuando la División Delitos contra las Personas de la Dirección de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos recibió una denuncia contra Albornoz por abuso sexual perpetrado contra otro efectivo durante un procedimiento de allanamiento. Según consta en el expediente, “las actuaciones se inician a instancia de recibir una denuncia efectuada, por abuso sexual, en contra del empleado policial A. M. A.”. Posteriormente, el Departamento de Inteligencia Criminal-Sección Delitos Generales y Especiales tomó conocimiento de una orden de allanamiento y detención contra el acusado, unificando ambas actuaciones para su evaluación.
El proceso judicial culminó el 11 de septiembre de 2023, cuando un tribunal condenó a Albornoz a “la pena de 9 años de prisión más accesorias legales y costas procesales” por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, conforme al artículo 119, inciso 3, párrafo 4°, inciso “d” del Código Penal. Esta sentencia fue ratificada el 27 de marzo de 2024, tras el rechazo de una impugnación extraordinaria presentada por la defensa. El decreto provincial destaca que “las pruebas reunidas en el sumario fueron debidamente analizadas y acreditan que el Oficial Auxiliar Alejandro Marcelo Albornoz cuenta con una condena judicial por un delito doloso castigado con pena privativa de libertad”, encuadrando su conducta en las faltas gravísimas previstas en el artículo 14, incisos a) y b) del RRDP.
El recorrido administrativo, sin embargo, no estuvo exento de críticas. El decreto señala graves irregularidades en la gestión del sumario, particularmente en la demora para obtener información clave. Según el texto oficial, “el instructor consignó múltiples constancias de pedidos de informes sin documentar el presunto trámite ni las diligencias realizadas en miras de obtener la información en tiempo oportuno”. Además, se observa que la Planilla Prontuarial emitida el 9 de enero de 2025 omitió consignar las resoluciones judiciales del caso, a pesar de que la Jefatura de Policía había sido notificada mediante el mencionado oficio judicial. Estas fallas llevaron al Ejecutivo a instar al Ministerio de Seguridad a “deslindar responsabilidades en la demora injustificada de la realización del trámite”.
El proceso disciplinario, iniciado en 2022, incluyó varias etapas. La Resolución N° 63/2022 del 14 de enero de 2022 dispuso el pase de Albornoz a situación de disponibilidad, mientras que la Resolución N° 556/2022 del 22 de marzo de 2022 lo trasladó a situación pasiva por proceso. Finalmente, el 18 de febrero de 2025, el examen DIGAIP N° 88 y el dictamen de la Asesoría Letrada General respaldaron la solicitud del Jefe de Policía para la exoneración, medida que el decreto fundamenta en el artículo 47, inciso 4° de la Ley N° 3.823 y su reglamentación. Albornoz, notificado para ejercer su derecho de defensa, no presentó descargo alguno en el plazo acordado.
El decreto, firmado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el secretario del área, Héctor Vizcarra, concluye: “Declárase clausurada la investigación administrativa, llevada adelante contra el señor Alejandro Marcelo Albornoz, Oficial Auxiliar del Departamento General de Policía de la Provincia” y dispone su exoneración por haber transgredido las normas del RRDP. La resolución no solo pone fin a la carrera policial de Albornoz, sino que también expone las fisuras administrativas que obstaculizaron una tramitación eficiente, un aspecto que el Ministerio de Seguridad deberá abordar con urgencia para garantizar la transparencia y celeridad en futuros procedimientos disciplinarios.