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En un escenario de creciente presión sobre la economía local y ante la solicitud formal de la distribuidora EDET para adecuar sus costos de distribución, la legisladora provincial Silvia Elías de Pérez mantuvo un encuentro de trabajo con el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), ingeniero Eduardo Cobos. El propósito central de la audiencia fue plantear la urgente necesidad de reformular variables críticas de la factura de electricidad que afectan de manera directa la sustentabilidad de las familias y de los sectores productivos provinciales. Esta gestión institucional se produce de manera simultánea con la publicación de la Resolución Nº 661/26 del organismo de control, la cual convoca de forma extraordinaria a una Consulta Pública Documentada para analizar el Valor Agregado de Distribución (VAD) de la empresa concesionaria, abriendo un canal técnico de discusión que marcará el rumbo del cuadro tarifario en el corto plazo.
Durante el desarrollo de la reunión, la parlamentaria expuso con especial énfasis el impacto negativo que ejerce el denominado cargo por potencia sobre los establecimientos de hospedaje y locales gastronómicos de Tucumán. Bajo el esquema técnico de facturación vigente, el cálculo de este ítem toma como referencia la demanda de potencia máxima registrada por el comercio en un único punto del año y aplica ese mismo valor de manera uniforme durante los doce meses siguientes, sin ponderar la sensible disminución del consumo real que se experimenta en las temporadas de baja ocupación o receso estacional.
Al referirse a la gravedad de este sistema de cobro, la parlamentaria radical argumentó: “Hoy las tarifas son un problema para todos los tucumanos, que directamente no están pudiendo pagarlas. En el caso de los hoteles, se les cobra durante todo el año una potencia máxima que quizás solamente necesitan en los meses de mayor ocupación. Es abusivo hacerlos pagar por una potencia que verdaderamente no consumen”.

La legisladora advirtió que la rigidez de esta estructura tarifaria pone en riesgo un sector clave que genera aproximadamente 20.000 puestos de trabajo en la provincia, lo que podría desencadenar la pérdida masiva de fuentes de empleo genuinas. En esa línea, remarcó la fragilidad de las empresas locales en la coyuntura económica actual: “Esta situación está llevando al límite a muchos hoteles y establecimientos gastronómicos. Cada vez vemos más lugares cerrados. En un contexto económico en el que el sector privado ya tiene enormes dificultades para sostenerse, el costo de la energía puede definir la continuidad o el cierre de actividades que generan miles de puestos de trabajo en Tucumán”.
La propuesta de cobro estacional y límites a las penalidades por mora
La solución planteada por la representante legislativa no persigue la obtención de subsidios o subsidios cruzados para el sector, sino el establecimiento de una matriz de facturación basada estrictamente en la demanda real y en la estacionalidad de las economías del interior. Elías de Pérez propuso la adopción de modelos de cálculo dinámicos que ya operan con éxito en otras jurisdicciones del país. Al respecto, detalló: “Pedimos que el cargo por potencia sea revisado cada seis meses, como sucede en Córdoba y Mendoza y como también ocurrió anteriormente en Tucumán. Durante la temporada alta se puede calcular de acuerdo con la mayor necesidad de potencia y, durante los otros seis meses, establecer un valor menor. No corresponde cobrar durante todo el año por una potencia que no se utiliza”.
De forma complementaria, la legisladora solicitó a la intervención del ERSEPT una revisión integral de las tasas de interés que se imponen a los usuarios residenciales por atrasos en los pagos, así como de los aranceles de reconexión aplicados tras la interrupción del suministro. Sobre este punto, la dirigente instó a evitar medidas punitivas que profundicen la situación de vulnerabilidad social: “Las familias tucumanas están haciendo enormes esfuerzos para pagar sus boletas. No podemos permitir que, frente a una demora provocada muchas veces por la falta de recursos, se sumen intereses y costos de reconexión que profundicen aún más su endeudamiento. Necesitamos un sistema que proteja al usuario y no que lo castigue”.
Ante los planteos formulados, Cobos se comprometió formalmente ante la legisladora a estudiar minuciosamente la viabilidad de las propuestas y a coordinar mesas de trabajo técnico para instrumentar soluciones operativas que atiendan la problemática sectorial.

El pedido de flexibilización tarifaria formulado por Elías de Pérez se enmarca dentro de un trascendente proceso técnico que acaba de iniciar el ente regulador. Mediante la Resolución Nº 661/26, publicada este lunes, el ERSEPT oficializó el llamado a una Consulta Pública Documentada para avanzar en la revisión extraordinaria del componente de distribución que compone la tarifa de EDET.
Este procedimiento técnico se originó a partir de una presentación de la empresa distribuidora, que dio cuenta de una variación del Índice Representativo de los Costos Directos de la Prestación (IRCP) del 10% con fecha de corte en mayo, superando el umbral normativo que habilita la apertura de una revisión. Al realizar su propia auditoría sobre el período abril-junio de 2026, el área económica del ERSEPT detectó una variación de costos del 5,04%, cifra que traspasó el límite reglamentario del 3% necesario para abrir formalmente la redeterminación del Valor Agregado de Distribución (VAD) para el trimestre de agosto-octubre.
El organismo de control enfatizó que el registro del 5,04% de variación de costos directos no implica de forma automática un incremento equivalente en el cuadro tarifario final que abonan los clientes. El proceso participativo se canalizará de manera digital e iniciará su primera etapa el miércoles 9 de septiembre, permitiendo la inscripción de usuarios y organizaciones interesadas a través de la casilla oficial cpd@ersept.gob.ar hasta el 15 de septiembre inclusive. La resolución final del expediente técnico, según lo establecido por el marco legal regulatorio, regirá únicamente para períodos de facturación posteriores a su publicación, descartando efectos de carácter retroactivo.