
En un movimiento táctico para no apurar todo de una, la Casa Rosada evalúa fraccionar las sesiones extraordinarias del Congreso en dos etapas bien marcadas. La primera arrancaría el 11 de diciembre y se extendería hasta el cierre del mes, con la mira clavada en despachar el Presupuesto 2026 y la ley que consagra el Principio de Inocencia Fiscal. Ya para febrero, cuando se prenda la segunda vuelta legislativa, el foco saltaría a la batería de cambios que la gestión de Javier Milei trae en la manga: desde la laboral y la tributaria, pasando por retoques al Código Penal y a la Ley de Glaciares.
Voceros cercanos al Ejecutivo señalaron que en esa ventana de febrero, se meterían de lleno varias de las actualizaciones que impulsa el oficialismo, como la laboral, la impositiva, las enmiendas al Código Penal y las de Glaciares, según lo informado por el diario La Nación. Es que, después de las elecciones y con el equipo renovado, el Gobierno quiere ir por todo, pero sin quemar nafta de más en diciembre.
El Presupuesto 2026 es el eje de la rosca, y por eso Diego Santilli –que debita en el Ministerio del Interior– ya puso en marcha, codo a codo con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, una ofensiva de charlas con los gobernadores para pescar adhesiones. Arranca con una recorrida por varias provincias y culmina con un cónclave en Olivos, una vez que queden atrás las reuniones uno a uno. En esas mesas, no solo se negocia el Presupuesto: se resalta que los jefes distritales pongan el hombro en las reformas. Sin embargo, en el ala libertaria, tanto del Ejecutivo como del Parlamento, reconocen que en los últimos días del año no da para digerir el menú completo. Algunos fantasean con estirar hasta enero pero la tendencia apunta a un alto el fuego en enero y retomar en febrero con pilas recargadas. Para entonces, con el Presupuesto ya en el bolsillo de diciembre, el plan es meterle fichas a la oleada de reformas de segunda generación.

Sobre los pormenores de esos proyectos, reina un silencio de radio en Balcarce 50. Insisten en que no hay borradores flotando ni papers en circulación. En esa sintonía se paró el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, que el viernes, al preguntarle por su respaldo a las reformas, las tildó de imprescindibles pero aclaró que todavía no se ve la letra chica. “Esperamos la redacción para ver”, largó sin vueltas.
Gran parte del contenido final de esas actualizaciones va a salir de lo que se trate en el Consejo de Mayo, esa mesa multisectorial que se junta todos los meses para pulir los puntos centrales del Pacto de Mayo. Ahí se cuecen, entre otras cosas, los giros en lo laboral y lo tributario. Hasta su adiós del Gobierno, lo comandaba Guillermo Francos.
Otro fierro caliente es la reforma al Código Penal, que el Ejecutivo se plantó como meta clave y tiró sobre la mesa a fines de septiembre. Para los mileístas, es clave, y su debate en el Senado –que desde diciembre va a tener a Patricia Bullrich al frente del bloque libertario– se ve como un hito. Mientras, en diciembre, al lado del Presupuesto, se colaría el proyecto de ley del Principio de Inocencia Fiscal, que se presentó en junio y busca poner un escudo a los ahorristas frente a gestiones venideras. La idea es que puedan mover su plata sin tener que justificar el origen ante el fisco.
Nuevo marco
Esta iniciativa da un volantazo a la lógica del sistema impositivo argentino, dejando atrás lo que desde el Gobierno llaman un esquema de “caza brujas” donde el contribuyente arranca con presunción de culpable. Como lo desglosó Juan Pazo, al frente de ARCA, al momento de lanzarla: la norma pivotea en que “todos somos inocentes, salvo que AFIP demuestre lo contrario”. Así, se da vuelta la carga de la prueba y se repiensa de raíz el vínculo entre el recaudador y la gente de a pie.
Toda la apuesta de la Rosada está colgada del nuevo dúo que se armó post-rearme de Gabinete y con el envión de las urnas, que le dio más peso al riñón de Karina Milei. Solo en la semana que pasó, Santilli se juntó dos veces con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, para afinar la jugada con los gobernadores y el Legislativo en pos de consensos. En este ajedrez político, el receso de fin de año podría ser el respiro que necesita el oficialismo para volver a la cancha con más fuerza en el 2026.