El Colegio de Escribanos defendió los controles y recordó que las operaciones de funcionarios deben informarse a la UIF

En medio de la controversia por la actuación de una escribana vinculada a una operación inmobiliaria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires salió a defender el sistema de control del notariado y aclaró los mecanismos vigentes para este tipo de casos.

La presidenta de la entidad, Magdalena Tato, sostuvo que las operaciones realizadas por personas políticamente expuestas (PEP) deben ser reportadas obligatoriamente a la Unidad de Información Financiera, independientemente del monto.

“Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”, afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que explicó que estos reportes forman parte de un sistema de información mensual.

En ese sentido, diferenció este mecanismo del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que se activa cuando existen dudas sobre el origen de los fondos. “Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque, cuando empezás a pedir información, las operaciones suelen caerse”, indicó.

No obstante, aclaró que si una transacción se concreta y persisten interrogantes, el profesional tiene la obligación de reportarlo. “Cuando me genera duda, tengo que hacer un ROS”, remarcó.

Respecto del caso que generó la polémica, Tato evitó pronunciarse sobre responsabilidades individuales, aunque confirmó que la institución realiza un seguimiento. “Lo estamos siguiendo y trabajamos a la par con la Justicia”, señaló, al tiempo que recordó que el Colegio actúa como auxiliar judicial cuando se requieren informes.

La dirigente también subrayó que todos los clientes deben justificar el origen de los fondos. “La declaración jurada es obligatoria para todos, sin distinción”, explicó, y agregó que los escribanos aplican sistemas de clasificación de riesgo para prevenir el lavado de activos.

En defensa del rol institucional, Tato destacó que el Colegio cuenta con mecanismos disciplinarios internos. “Resguardamos que el ejercicio profesional se realice correctamente y, en muchos casos, terminamos pidiendo la destitución antes de que intervenga la Justicia”, afirmó.

Por otro lado, la titular del Colegio hizo referencia a la herramienta de protección de la vivienda, conocida como “bien de familia”, y destacó su importancia para resguardar el patrimonio. “Es un derecho humano fundamental y hoy también puede ser utilizado por personas solas”, explicó.

Finalmente, rechazó que la actividad notarial funcione como un sistema hereditario y destacó el proceso de acceso a la profesión. “Es un examen anónimo, basado en la meritocracia. Llegar a ejercer es muy difícil y cada firma implica una gran responsabilidad”, concluyó.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio público sobre las operaciones patrimoniales de funcionarios y los mecanismos de control vinculados a la transparencia.