Con un solo voto en contra, la Legislatura aprobó la adecuación del Régimen Penal Juvenil para aplicarlo en Tucumán

La Legislatura de Tucumán aprobó la creación de un régimen especializado en materia penal juvenil para la provincia. El proyecto es una adecuación de la ley nacional que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años. 44 legisladores votaron a favor, mientras que solo un parlamentario votó en contra.

Durante la sesión legislativa, Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Legislación General, defendió el proyecto. “Hemos llevado adelante un trabajo con los distintos poderes para que esta adecuación se convierta en una herramienta que pueda ser aplicada. Este es un gran paso porque es un debate que ha atravesado a los argentinos en los últimos 20 años”, expresó el legislador.

En ese sentido, Vargas Aignasse expresó su apoyo a la baja de la edad de imputabilidad, pero advirtió que la iniciativa provincial considera la resocialización de los adolescentes condenados. “Este proyecto contempla todo”, dijo.

Así, el legislador señaló que el texto regula la designación de los supervisores territoriales, la creación de los institutos de menores, el proceso de reinserción del menor condenado, el tratamiento del consumo problemático y la continuidad educativa de los adolescentes, entre otros puntos. “Nos estamos ocupando no solamente de adecuar nuestras normativas procesales”, valoró.

Vargas Aignasse analizó que el proyecto no se inclina ni por la “mano dura” por establecer una pena ni por la “mano blanda” por plantear una reinserción social. “Leyes justas”, fueron las palabras con las que describió la iniciativa.

Los opositores acompañaron, pero reclamaron una implementación plena

La mayoría de los legisladores, tanto opositores como oficialistas, valoró positivamente el proyecto y aseguró su acompañamiento durante el debate legislativo. Sin embargo, el reclamo al Poder Ejecutivo se coló en algunos de los discursos opositores.

Silvia Elías de Pérez fue una de las primeras en hacerlo. Luego de expresar su apoyo, advirtió que una ley buena no implica necesariamente que vaya a aplicarse correctamente. “Nuestra conciencia no puede estar tranquila. Podemos escribir cosas y que no se cumplan”, aseguró. En el mismo sentido se expresó José Cano. Si bien destacó la norma, remarcó que el desafío será lograr que se transforme tanto en políticas públicas como en resultados concretos.

En ambos casos, una norma anterior fue invocada: un proyecto de monitoreo legislativo que apuntaba a verificar la eficacia de las leyes aprobadas. Esta iniciativa había sido aprobada por la Legislatura, pero fue vetada por el gobernador Osvaldo Jaldo al advertir que se invadían funciones del Poder Ejecutivo.

Agustín Romano Norri, por su parte, dijo que la ley es buena "siempre y cuando” tenga “los recursos que son necesarios". “Ojalá que se cumpla y ojalá que se pongan todos los recursos del Estado para proteger a la víctima, garantizar la seguridad, reducir la reincidencia y favorecer la reintegración social del adolescente condenado”, agregó.

Otras advertencias se centraron en el funcionamiento tanto del sistema carcelario como del sistema judicial. En el primer punto, Ricardo Bussi aseguró que las cárceles están “colapsadas” debido a “décadas de desinterés”. En el segundo, Hugo Ledesma señaló que la Justicia provincial “va a usar esta ley contra algunos adolescentes y va a mirar a otro lado cuando se trate de allegados al poder”, antes de justificar su voto en contra.

Desacuerdos con la ley nacional

A pesar de que la ley nacional ya se encuentra vigente, el debate nacional se coló en el recinto legislativo. Las palabras “punitivismo” y “garantismo” se filtraron en cada intervención, mientras que los legisladores sentaron posiciones alrededor de la baja de la edad de imputabilidad.

Los dos legisladores que más distancia tomaron de la orientación del proyecto fueron Mario Leito y Gabriel Yedlin, aunque igualmente acompañaron con su voto. El primero de ellos afirmó que la baja de la edad de imputabilidad no resuelve los problemas de seguridad y que es una respuesta “simplista”. “Ese chico que va a la cárcel en estas condiciones, le puedo asegurar que una vez que salga va a volver a delinquir. Me da mucha pena”, afirmó.

Por su parte, Yedlin también aseguró que la ley nacional no mejorará la seguridad del país y advirtió que los países con mayor desigualdad generan más inseguridad. "Todo lo que queremos para los menores que están detenidos lo queremos para todos los jóvenes", advirtió.

El propio Gerónimo Vargas Aignasse criticó la ley nacional, aunque apuntó más al procedimiento con el que fue aprobada que al contenido legal. "Debería haberse encarado de otra manera porque las provincias no están preparadas para esto. Los únicos que estamos en condiciones en Argentina somos dos o tres provincias”, advirtió.

Otro contrapunto que se generó alrededor del debate por los delitos juveniles fue entre Carolina Vargas Aignasse y Alfredo Toscano. La legisladora mencionó que el empeoramiento de las condiciones de vida, el aumento de la pobreza y el deterioro de los resultados educativos generan un caldo de cultivo para la inserción de menores en organizaciones delictivas. Durante su turno, Toscano la cruzó sin nombrarla. "Es estigmatizar. Todas las personas son de bien y todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario", señaló.

Aun así, todos los parlamentarios coincidieron en que el proyecto provincial es “una buena ley” que plantea herramientas de resocialización y de acompañamiento a los menores condenados. Por eso, la aprobación fue casi unánime.