Casi 150.000 tucumanos con Tarifa Social quedan expuestos al nuevo esquema de aportes de Nación

En San Miguel de Tucumán, 147.000 usuarios tienen hoy la Tarifa Social Federal en el transporte público. Ese es el universo que queda expuesto a la nueva metodología dispuesta por la Secretaría de Transporte de la Nación, que desde la Resolución N.º 40/2026 dejó de actualizar automáticamente el aporte nacional cada vez que una jurisdicción sube el valor del boleto. Aunque el cambio no tiene efecto inmediato sobre el sistema local, marca un límite que la Capital deberá empezar a sortear con fondos propios o trasladando el costo al usuario.

La resolución nacional, conocida esta semana, fija como criterio la tarifa vigente al 30 de junio de 2026 para calcular el 55% que Nación aporta a los beneficiarios de la Tarifa Social Federal. El beneficio en sí no se modifica, ya que el descuento se mantiene y también los grupos alcanzados. Lo que cambia es que, de ahí en más, cualquier aumento tarifario que disponga una provincia o municipio después de esa fecha no será acompañado por una actualización proporcional del aporte nacional.

Para la Capital, el corte del 30 de junio funcionó, por ahora, como un salvavidas.

En un informe interno, la Dirección Nacional de Implementación de SUBE confirmó que el último cuadro tarifario del Municipio, con su respectivo incremento, ya había sido comunicado a la Secretaría de Transporte antes de esa fecha. Eso significa que el aporte nacional seguirá calculándose sobre el cuadro vigente y que el aumento recientemente aplicado en la Capital no queda alcanzado por la nueva metodología.

El problema aparece hacia adelante. Cualquier suba que el Municipio disponga de ahora en más quedará fuera de la actualización automática: Nación continuará aportando el 55% sobre la tarifa de referencia de junio, y la diferencia con el nuevo valor del boleto deberá cubrirse por otra vía. Según se desprende del informe oficial, hay dos caminos posibles: que el Municipio destine fondos propios para sostener el descuento efectivo del 55% a los 147.000 beneficiarios locales, o que esa diferencia termine pagándola el propio usuario.

La situación no es nueva para la intendencia, que ya lleva varios meses cubriendo con recursos propios la diferencia que Nación dejó de girar en concepto de Atributos Sociales. El esfuerzo comenzó en diciembre y se sostuvo en enero y febrero; la semana pasada, la Municipalidad volvió a hacerse cargo, esta vez del mes de julio, con fondos propios. En conjunto, ese esfuerzo económico municipal ya asciende a casi 400 millones de pesos por mes.

A nivel nacional, el sistema registra entre 850.000 y 890.000 transacciones mensuales de beneficiarios de la Tarifa Social Federal, lo que da la magnitud del esquema que la Nación busca volver más previsible para sus propias cuentas, aun a costa de trasladar el riesgo financiero a los municipios.