Casa Rosada prepara un reclamo ante el Tribunal del Mar, por la explotación petrolera en las Islas Malvinas

El Gobierno de la Nación se prepara para avanzar con una nueva instancia internacional, en el conflicto con el Reino Unido, por la explotación petrolera en las inmediaciones de las Islas Malvinas.

Este lunes vence el plazo de dos semanas que la República Argentina otorgó a Londres, para detener las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion.

Cancillería Argentina trabaja en una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.

La iniciativa busca que el organismo evalúe la posibilidad de dictar medidas provisionales para impedir que el emprendimiento avance mientras se desarrolla el arbitraje internacional iniciado por Argentina. Sin embargo, la decisión de recurrir a esta vía también abrió interrogantes entre especialistas en derecho internacional, que advierten sobre las dificultades para encuadrar el reclamo sin involucrar directamente la disputa por la soberanía del archipiélago.

El plazo fijado por el Gobierno no implica que el tribunal vaya a intervenir automáticamente. Para avanzar, Argentina deberá formalizar su solicitud, fundamentar la urgencia de las medidas requeridas y demostrar que existen razones jurídicas para que el organismo actúe antes de que se constituya el tribunal arbitral que resolverá la controversia de fondo.

La estrategia juridica

El 28 de septiembre, la Oficina del Presidente anunció que Javier Milei había instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido, de acuerdo con el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

La intención es impedir el avance de las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto Sea Lion y cuestionar otras decisiones relacionadas con la explotación de recursos naturales en la plataforma continental que Argentina considera bajo su soberanía.

En ese mismo comunicado, el Poder Ejecutivo informó que había intimado formalmente al Gobierno británico para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de esas operaciones. También anticipó que, si el requerimiento no era atendido dentro de las dos semanas, solicitaría medidas provisionales ante el Tribunal del Mar.

La estrategia comprende dos instancias diferenciadas. Por un lado, el arbitraje internacional previsto en la CONVEMAR, que requiere la conformación de un tribunal específico para resolver la controversia. Por otro, la posibilidad de acudir al organismo con sede en Hamburgo para solicitar medidas urgentes mientras se constituye ese tribunal.

Esta segunda vía es la que concentra las expectativas inmediatas de la administración libertaria. El procedimiento arbitral de fondo puede extenderse durante años, mientras que una solicitud de medidas provisionales busca obtener una respuesta en un plazo menor.

Riesgos que advierten especialistas

El Gobierno considera que existen fundamentos para recurrir al Tribunal del Mar, pero diplomáticos con experiencia en la cuestión Malvinas manifestaron reparos sobre la decisión. Según consultas publicadas por el diario La Nación, algunos calificaron la iniciativa como arriesgada debido a la incertidumbre sobre el resultado y a las dificultades de encuadrar el conflicto dentro de las competencias del organismo.

La principal preocupación es que un pronunciamiento adverso pueda ser utilizado por el Reino Unido para reforzar su posición jurídica o política en futuras discusiones relacionadas con la explotación de los recursos naturales del archipiélago.

Uno de los puntos más delicados es la posición británica sobre la autodeterminación de los isleños. Mientras Argentina sostiene que existe una disputa de soberanía que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales, Londres defiende el derecho de los habitantes a decidir su futuro.

Los diplomáticos consultados también advirtieron sobre posibles litigios en otros ámbitos internacionales, incluidos la Corte Internacional de Justicia y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en caso de que las medidas argentinas contra empresas vinculadas con el proyecto deriven en nuevas controversias.

Sin embargo, estos escenarios forman parte de los riesgos planteados por los especialistas y no constituyen consecuencias automáticas de la presentación ante el Tribunal del Mar.