Abogados tucumanos piden la intervención federal de la provincia y denuncian “colapso institucional”

Un nuevo frente político y judicial se abrió en Tucumán tras la presentación formal realizada por la abogada Myriam Inés Costilla ante el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en la que solicitó la apertura de una investigación penal preparatoria y reclamó la intervención de organismos federales por presuntos hechos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y un supuesto “colapso institucional” en la provincia.

La denuncia, ingresada el 9 de febrero, sostiene que existe una situación de “anomia institucional” y describe un escenario de concentración de poder que -según la presentación- habría debilitado la división de poderes y afectado el funcionamiento republicano. En paralelo, la letrada informó que ya había impulsado una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la intervención federal del distrito en base al artículo 6° de la Constitución Nacional.

Entre los ejes centrales del planteo, Costilla denunció supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos, entre ellas extracciones millonarias de dinero en municipios sin respaldo documental y observaciones del Tribunal de Cuentas provincial sobre el uso de recursos federales destinados a áreas sensibles como salud, educación y economía. También cuestionó el nivel de gasto legislativo y lo vinculó con una estructura estatal que -a su entender- no responde a las necesidades sociales.

El escrito incluye además denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, con referencias a condiciones de detención que calificó como inhumanas en comisarías y unidades penitenciarias, así como acusaciones de espionaje estatal y restricciones a la libertad de prensa mediante decisiones judiciales. La presentación plantea que estos hechos configurarían posibles delitos federales que requieren la intervención de fiscalías especializadas.

En su petitorio, la abogada solicitó que el Ministerio Público Fiscal de la Nación analice la información aportada para determinar la existencia de ilícitos vinculados a malversación de fondos, inteligencia ilegal y violencia institucional, y que evalúe el impacto de las denuncias sobre el sistema democrático provincial. También pidió medidas de protección personal en el marco de la presentación judicial.

La iniciativa suma un nuevo capítulo al clima político provincial, marcado por fuertes cruces entre sectores opositores y el oficialismo. Hasta el momento, no se conocieron respuestas oficiales de las autoridades señaladas en el documento, mientras el planteo aguarda definiciones en el ámbito judicial y administrativo federal.

En ese marco, la organización Abogados y Abogadas de Tucumán por la Paz y la Verdad convocó a una jornada en la plaza Yrigoyen para hoy a las 10.30, en la que se rezará el Santo Rosario "por la Justicia en Tucumán".