"Súper IVA": para no perder recursos, Tucumán debería elevar la alícuota del 21% al 30,2%

El Gobierno nacional, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa una reforma tributaria que incluye la creación de un "Súper IVA", un tributo que unificaría el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ingresos Brutos y tasas municipales en un solo gravamen recaudado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La propuesta, que cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), busca simplificar el sistema tributario y fomentar la competencia fiscal entre provincias, pero un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, revela que su implementación podría generar una significativa pérdida de ingresos para la mayoría de las jurisdicciones argentinas.

En el caso específico de Tucumán, de avanzar la idea propuesta por la gestión libertaria, registraría un descenso en los ingresos del 16,9%, tomando en cuenta los recursos que recibe a partir de la sumatoria de la recaudación provincial, los envíos coparticipables, las transferencias no automáticas nacionales, los ingresos no tributarios, etcétera.

Según el proyecto, el IVA actual del 21% se dividiría en dos partes: un 10% de acuerdo a lo recaudado por la Nación y un porcentaje adicional que cada provincia determinaría según sus necesidades de gasto. La idea es que las provincias eliminen Ingresos Brutos, un impuesto distorsivo que representa el 82% de la recaudación en Tucumán (alrededor de $600 mil millones que ingresan a la Dirección General de Rentas bajo este concepto), y lo reemplacen por esta alícuota provincial del IVA. Sin embargo, el IARAF calcula que una alícuota provincial uniforme del 11% no sería suficiente para compensar la pérdida de ingresos en la mayoría de las jurisdicciones, lo que obligaría a muchas provincias a fijar tasas mucho más altas, algunas inviables en la práctica.

El informe del IARAF analiza el efecto de implementar un IVA nacional del 10% y un IVA provincial uniforme del 11%. Los resultados muestran que solo seis jurisdicciones aumentarían sus ingresos con este esquema: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Córdoba y Santa Fe. Estas provincias, debido a su mayor capacidad económica y base tributaria, podrían beneficiarse de la reforma sin necesidad de alícuotas adicionales elevadas.

Inviable

En cambio, las 18 jurisdicciones restantes enfrentarían pérdidas significativas. Retomando el caso puntual de nuestra provincia, el análisis determina que la alícuota local necesaria para mantener los ingresos actuales alcanzaría un nivel del 20,2%, lo que, sumado al 10% nacional, resultaría en un IVA total de 30,2%.

Los distritos más afectados serían Catamarca, Formosa y La Rioja, donde las alícuotas alcanzarían niveles extremos: 71,4%, 46,5% y 42,9%, respectivamente, lo que sumado al 10% nacional resultaría en un IVA total de 81,4%, 56,5% y 52,9%. Estas tasas son consideradas "imposibles de implementar" por el IARAF debido a su impacto en los precios y la competitividad económica.

El IARAF estima que, para reemplazar la recaudación actual de Ingresos Brutos (equivalente al 4% del PBI), las provincias necesitarían una alícuota promedio de IVA provincial de entre 10,9% y 11,4%. Sin embargo, las alícuotas específicas varían según la estructura económica y fiscal de cada jurisdicción.

El IARAF destaca que solo CABA, Buenos Aires y Santa Fe podrían reducir sus alícuotas por debajo del promedio nacional para atraer inversiones, mientras que las demás provincias necesitarían tasas más altas para evitar pérdidas.

Desafíos y críticas

La propuesta enfrenta resistencia de los gobernadores, quienes temen perder autonomía fiscal al depender de la recaudación centralizada de ARCA y la posterior distribución de fondos. Además, la eliminación de Ingresos Brutos, aunque deseada por su carácter distorsivo, requiere un consenso político complejo, ya que implica reformular la Ley de Coparticipación Federal. El IARAF advierte que sin una nueva ley de coparticipación, la reforma podría profundizar las desigualdades entre provincias con mayor capacidad recaudatoria y aquellas más dependientes de los fondos nacionales.

Al respecto, el gobernador Osvaldo Jaldo, ya había señalado días pasados que “el IVA es el impuesto coparticipable más importante de las provincias. Por lo tanto, si se intenta o se quiere tocar ese impuesto evidentemente iría en perjuicio de cada una de las provincias. Para tomar una medida de ese tipo, primero, tiene que pasar por el Congreso de la Nación, por las Cámaras de Diputados y de Senadores”, remarcó.

En esa línea, aseveró que “el Poder Ejecutivo nacional no puede tomar una decisión unilateral con los recursos de las provincias argentinas, porque sería inconstitucional y cualquier planteo judicial le daría la razón a las provincias”.

Sin embargo, Jaldo aseguró creer “en la prudencia del gobierno nacional, que va a llamar a los gobernadores seguramente” para dialogar. Por último, reiteró: “Nos oponemos a cualquier decisión que perjudique a la provincia de Tucumán”.

Un debate histórico

Por otro lado, la reforma de Caputo no contempla una reducción de la presión tributaria general, ya que las alícuotas combinadas (nacional y provincial) podrían superar el 21% actual en muchas jurisdicciones. Esto ha generado preocupación entre los gobernadores.

"No cabe duda de que la discusión de reformas tributarias y de distribución de recursos entre niveles de gobierno va a ser intensa, tanto en el orden primario como en el secundario. Son muchos aspectos los que entran en la discusión, de hecho, hace 31 años la reforma constitucional determinó que debía sancionarse una nueva ley de coparticipación federal, cosa que hasta ahora no sucedió", planteó el IARAF en su análisis.

En este sentido, el documento revela que la mayoría de las provincias enfrentarán pérdidas de ingresos significativas a menos que apliquen alícuotas provinciales inviables, lo que podría incrementar los precios y afectar la competitividad. La reforma, que requiere la aprobación del Congreso y un nuevo pacto fiscal con las provincias, se perfila como un debate clave para 2026, tras las elecciones legislativas de 2025. Mientras tanto, las provincias se preparan para defender sus ingresos en un escenario de creciente tensión con la Nación.