Lapidaria opinión empresarial sobre los impuestos en Tucumán: la ubican entre las de mayor carga fiscal y carente de incentivos para invertir

Hacia fines del año pasado y con la iniciativa del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, varias fueron las entidades empresariales de sectores diversos, como así también importantes figuras del ámbito de negocios, por ejemplo el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, quienes se manifestaron en contra de uno de los tributos más regresivos que tenga el sistema impositivo argentino, como es el caso de Ingresos Brutos (IB).

Por ese motivo, pedían su eliminación o supresión como una forma de alivianar la carga fiscal, fundamentalmente por parte de las provincias, que adoptan este impuesto como una de las principales fuentes de ingreso para sus arcas. En el caso de Tucumán, IB representa el 82% de la recaudación total por parte de la Dirección General de Rentas (DGR) y ante ello, tanto el gobernador Osvaldo Jaldo como la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, salieron a defender el cobro del tributo ya que, de eliminarlo, perderían recursos para sostener servicios clave ya sea provinciales o municipales.

Todo indica que el reclamo de bajar la carga impositiva no piensa cesar en estos primeros meses de 2025 y ahora las objeciones provienen desde las principales empresas del país que han ubicado a Tucumán como la cuarta provincia con mayor peso tributario a nivel nacional, además de caracterizar que la jurisdicción no muestra interés en avanzar hacia un mayor dinamismo de su esquema fiscal y, como si fuera poco, muchas de las firmas, o bien no piensan aumentar sus inversiones en la provincia, en todo caso mantenerlas, pero lo que más ruido puede ocasionar a las autoridades respectivas es que reorienten el flujo de recursos hacia otros distritos con mayores facilidades impositivas y menos costos económicos.

Así lo señala la última encuesta anual de impuestos titulada "Impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas", realizada por la consultora KPMG Argentina. Para la elaboración del análisis  fueron consultados más de 100 CFO's y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de todo el país correspondientes a los sectores financiero, construcción, telecomunicaciones, logística, energía, agroindustria, manufacturero y comercial, entre los más importantes. Las opiniones hacen foco en la percepción fiscal de 2024 y las proyecciones para 2025.

En opinión de los encuestados, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos crece y se consolida año a año en el liderazgo absoluto de los que encarecen de manera determinante los precios y servicios que venden las empresas (54,37%). Es seguido por Ganancias (14,56%) y otros con el 13,59% (dentro de este concepto, 65% señaló al extinto Impuesto PAIS, 14% Derechos de Exportación y otro 14% Tasas Municipales), 12% IVA y 6% Impuesto a los Créditos y Débitos.

"De estas opiniones se desprende que es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales," explica Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG Argentina y responsable de la encuesta.

Un lugar incómodo

Frente a la pregunta sobre en qué Provincias debería vender más caros sus productos y servicios dado el marco fiscal que tiene cada una de ellas, Buenos Aires sigue liderando las opiniones como en las ediciones anteriores de la

encuesta como la jurisdicción más gravosa. Lo novedoso este año, es que las opiniones ubican a Misiones en segundo lugar desplazando a la Ciudad de Buenos Aires al tercer lugar. "Desde hace unos años los resultados de la encuesta vienen receptando la llamativa incidencia en cuanto a carga fiscal que revisten las provincias de Misiones y Tucumán. Según las opiniones de los encuestados ambas jurisdicciones se ubican en este ranking en el segundo y cuarto lugar, respectivamente", resalta el trabajo.

Si bien la mayoría de las opiniones manifiesta aun no haber restringido operaciones de venta de bienes o prestaciones de servicios ante la carga fiscal de algunas provincias, no deja de ser significativo que 33% manifieste haberlo hecho. Las respuestas reflejan un aumento del 65% entre quienes definen de antemano no operar en determinadas jurisdicciones respecto al 20% que se manifestó en la encuesta del año pasado. 82% de los consultados, casi 2% más que el año pasado, posee saldos a favor de impuestos provinciales de magnitudes diversas. "La generalización de este tipo de inmovilización financiera para las empresas es altamente perjudicial", sostiene la consultora.

En este marco, de acuerdo con lo expresado por los encuestados, "Misiones y Tucumán son las provincias más votadas entre las que, por su accionar fiscal, terminan incidiendo en una oferta más restringida de bienes y servicios a las que

acceden sus residentes".

La mayoría de los encuestados (93%) observa que el marco fiscal o bien los obligó a desinvertir o en el mejor de los casos les permitió "mantener" las inversiones ya efectuadas. Sólo un 6,80% manifestó haber desarrollado en el 2024 algún plan de expansión en términos de inversión. Si bien ese porcentaje resulta aún bajo casi duplica el porcentaje de aquellos que habían avanzado en planes de expansión en 2023. Si bien continúa muy alto el porcentaje de aquellos que manifiestan haberse visto obligados a desinvertir como consecuencia del marco fiscal, el mismo bajó del 43% al 36%.

Confianza institucional

En cuanto a la calificación de los organismos administrativos y judiciales sobre su objetividad en una escala de 1 al 10 (1 la más baja y 10 la más alta) el rol de ARCA (ex AFIP) muestra una evolución gradual dentro de una calificación intermedia. En 2019 fue de 4,44 y en 2024 llegó a 5,57.

Con relación a los tribunales administrativos o judiciales en el ámbito impositivo, se observa que el Tribunal Fiscal de la Nación mantiene una valoración intermedia de 5,43, mientras que la Corte Suprema de Justicia es calificada en un rango intermedio alto con un 6,15. En la mirada sobre la justicia provincial en general en materia impositiva, la consideración sobre objetividad baja a 3,9 (4,30 el año pasado) "lo cual constituye una señal de alerta para la generación de confianza en el ámbito de los negocios dada la altísima incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la actividad económica en la Argentina".

La encuesta también midió la cercanía del Ministerio de Economía de la Nación y de los Organismos de recaudación nacionales y provinciales con las empresas y Cámaras empresariales para atender problemáticas impositivas que pudieran afectar a la actividad económica. En este aspecto se advierte una marcada diferencia de apreciación entre el interés y la cercanía del Ministerio de Economía con un puntaje de 6,10 respecto al resto de los organismos como ARCA (4,91), mientras que la DGR aparece con una puntuación de 3,46.

Frente a la pregunta acerca de en qué ámbito cree que podría haber una reducción de la presión impositiva, el ámbito nacional recibió un puntaje de 6,86% seguido por CABA con el 4,81, otras jurisdicciones (entre ellas Tucumán) 3,04 y la Provincia de Buenos Aires con el 2,53%. "En este tema existe una clara diferencia entre el ámbito nacional y el ámbito provincial debido a la permanencia de Ingresos Brutos", pondera KPMG.

Afectación económica

Un 93% de los encuestados manifiesta advertir poco o ningún incentivo fiscal de parte de las provincias para atraer inversiones productivas a sus territorios.

"Dadas las respuestas recibidas, es de esperar que aquellas jurisdicciones que manifiesten más rápidamente interés en atraer inversiones utilizando incentivos impositivos, puedan contar con una muy buena receptividad por parte de las

empresas", señala el informe, destacando que el lugar elegido para la radicación de dichas inversiones es Neuquén.

De las iniciativas conocidas la más votada por los encuestados para facilitar la inversión en la Argentina apunta a replantear la figura del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. "Este gravamen aparece también como el más determinante en la conformación de precios de bienes y servicios, y el que genera mayor preocupación por la acumulación de saldos a favor crónicos. En el mismo sentido negativo, la encuesta capta la problemática de la seguridad jurídica en el ámbito provincial y la falta de cercanía con las empresas en problemáticas que afectan a la actividad económica, de parte de los organismos de recaudación provinciales. El segundo ítem más votado se refiere a la necesidad de simplificar el sistema tributario existente", sostuvo Quiroga Lafargue.