"Inocencia fiscal" y menos controles, claves del "plan colchón" ideado por Milei

El gobierno del presidente Javier Milei remitió al Congreso de la Nación un paquete de proyectos de ley destinado a fomentar la regularización de los ahorros no declarados, conocidos popularmente como “dólares debajo del colchón”. Esta iniciativa busca reintegrar al sistema financiero formal los aproximadamente 271.000 millones de dólares que, según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen fuera del sistema bancario, representando cerca del 45% del PIB del país.

Principales puntos

• Principio de Inocencia Fiscal: El proyecto introduce el concepto de “inocencia fiscal”, que implica que los ciudadanos no deberán justificar el origen de los fondos utilizados para consumo o depósitos bancarios hasta ciertos montos. A partir del 1 de julio, las transferencias bancarias de hasta 43.000 dólares y los plazos fijos de hasta 85.000 dólares quedarán exentos de controles fiscales, eliminando la obligación de demostrar la procedencia del dinero.

• Modificaciones a la Ley Penal Económica: El paquete incluye cambios en la legislación vigente sobre delitos económicos, como la prescripción de ciertos delitos financieros y ajustes en los montos establecidos para sanciones. Estas reformas buscan brindar seguridad jurídica a quienes posean ahorros no declarados, incentivando su ingreso al circuito formal sin temor a penalidades.

• Fomento del Consumo y la Inversión: La iniciativa tiene como objetivo principal reactivar la economía mediante el uso de estos fondos en actividades como la compra de propiedades, automóviles o electrodomésticos, así como en inversiones financieras. El gobierno espera que la regularización de estos ahorros impulse el consumo, estancado debido a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

• No es un Blanqueo Tradicional: Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el proyecto no se trata de un blanqueo de capitales convencional, sino de una flexibilización de las normas para legalizar comportamientos pasados de ahorro en dólares, motivados por la inestabilidad macroeconómica y las restricciones cambiarias. La medida apunta a “devolverle la libertad a la gente” y desestigmatizar a quienes optaron por resguardar su dinero fuera del sistema formal.

• Etapas de Implementación: El plan se desarrollará en dos fases. La primera, ya en marcha mediante un decreto, elimina controles fiscales para operaciones de hasta 50.000 dólares. La segunda etapa, que requiere aprobación legislativa, busca consolidar estas reformas en una ley que “blinde” a los ciudadanos que utilicen sus ahorros no declarados bajo las nuevas reglas, garantizando que no enfrenten sanciones retroactivas.

Contexto y controversias

El proyecto se enmarca en la necesidad del gobierno de Milei de aumentar las reservas de divisas del Banco Central, que actualmente rondan los 38.300 millones de dólares, una cifra significativamente menor a los ahorros no declarados. El presidente ha calificado a quienes guardan dólares como “héroes” que protegieron su riqueza frente a la inflación y la inestabilidad económica, una postura que ha generado controversia.

Críticos, como el analista Lucio Garay Méndez de EcoGo, advierten que la relajación de controles podría facilitar el ingreso de fondos de origen ilícito, lo que ha levantado preocupaciones sobre el cumplimiento de normas internacionales antilavado. El Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de su portavoz Julia Kozack, ha instado al gobierno argentino a garantizar que estas medidas sean coherentes con los compromisos de transparencia financiera adquiridos por el país.

El proyecto será debatido en un contexto de tensiones políticas, con el oficialismo contando con una minoría en ambas cámaras (39 diputados y 6 senadores). La aprobación dependerá de la capacidad del gobierno para negociar con sectores dialoguistas de la oposición, en un año clave previo a las elecciones legislativas de octubre.

El gobierno espera que esta iniciativa no solo fortalezca las reservas y reactive la economía, sino que también refuerce su base electoral al promover el consumo y la confianza en el sistema financiero.