Vialidad Nacional presentó la nueva Red Federal de Concesiones (RFC), un sistema que permitirá licitar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales para su operación y mantenimiento, con novedades para Tucumán, ya que el nuevo proceso afectará obras en las rutas 9, 34 y A-016, esta última es la que se encuentra en el centro-este de la provincia, desde el empalme con la Ruta Nacional 9 en San Miguel de Tucumán hasta el acceso al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo que recorre 6,8 km asfaltados.
La información oficial da cuenta que el nuevo esquema de la Red Federal de Concesiones busca mejorar la eficiencia en la gestión de las rutas concesionadas y que se implementará a través de un proceso de licitación pública bajo el régimen de la Ley N°17.520, modificada por la Ley N° 27.742 o “Ley Bases”.
La RFC abarca un total de 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos y significará un ahorro de U$S 6.100 para el Estado Nacional. El llamado a licitación se desarrollará en dos etapas. Siendo la segunda la que afectará los trabajos a desarrollar en el tramo Noroeste, con un total de 596 km, donde además de las vías nombradas anteriormente, se suman las rutas 66 y 1V66. Este tramo se licitará en febrero de 2025, con adjudicación en julio de 2025.
Los proyectos estarán a cargo de las empresas concesionarias y Vialidad Nacional, como ente rector, realizará las mediciones del estado de las calzadas y el debido control por resultados.
Estas rutas se encuentran sin mantenimiento actual y estaban bajo la administración de Corredores Viales SA, que fue disuelta por el gobierno de Javier Milei y gestionaba cerca de 6.000 kilómetros de rutas en Argentina, acumulando un déficit significativo.
La privatización busca reducir el gasto estatal en rutas actualmente deterioradas. Las empresas concesionarias solo podrán cobrar la tarifa de adjudicación una vez que las rutas estén en condiciones óptimas.
Formas y condiciones
Con este modelo, el Gobierno pretende eliminar el monopolio previo, permitiendo la participación de empresas que cumplan con los requisitos y gestionen las rutas de manera eficiente, sin depender de la Ley de Obra Pública.
El nuevo sistema contará con una serie de características que permitirán realizar una utilización eficiente de las tarifas de peaje bajo las siguientes premisas:
La empresa concesionaria no deberá abonar ningún canon al Estado Nacional, ni este último aportará ningún concepto como subsidio. Esto permitirá que la concesión se solvente exclusivamente con la recaudación por el pago de peaje.
Al momento de adjudicar se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario.
Este nuevo sistema permitirá la participación de actores tanto del sector de la construcción vial como de otros sectores privados para garantizar mayor transparencia y competencia.
Una vez adjudicado el tramo a la empresa concesionaria, las tarifas vigentes al momento de la adjudicación regirán hasta que la empresa asegure las condiciones óptimas de transitabilidad, antes de poder aplicar las nuevas tarifas de concesión. Estas condiciones incluyen: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación.
Se evitará el exceso de cargas que producen un deterioro desmedido del pavimento ocasionando gastos innecesarios que se trasladan al usuario.
Se promoverá el uso de métodos de pago dinámicos y se incorporarán paulatinamente sistemas de pago sin detención (free-flow) con el fin de agilizar el tránsito.
En cada pliego de licitación se establecerá una tarifa máxima que las concesionarias podrán cobrar en concepto de peaje. Los cuadros tarifarios se actualizarán trimestralmente según fórmulas prefijadas que contemplan diversos índices del INDEC.