Disuelta la Secretaría de Vivienda, en Tucumán resta saber el destino de 300 obras en barrios populares, $760 millones para lotes con servicios y el futuro del PROCREAR II

La decisión del gobierno de Javier Milei en eliminar la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda tiene su repercusión local, puesto que, entre los argumentos brindados para adoptar tal medida, el ministro de Desregulación y Modernización Federico Sturzenegger, manifestó que, de ahora en más, serán las provincias y los municipios las jurisdicciones encargadas de llevar a cabo obras habitacionales con fondos propios y financiamiento privado.

En el caso de Tucumán, se abren diversas vertientes en torno a la supresión de este organismo, en primer lugar y relacionado con negociaciones que ya vienen desde el año pasado, nuestra provincia acordó con Nación hacerse cargo de los terrenos ubicados en Manantial Sur donde se estaban concretando las obras del ex PROCREAR II, que fueron frenadas por completo cuando la gestión libertaria decidió disolver el fondo de fideicomiso que financiaba dicho programa.

Ex PROCREAR II

Se aduce en el acuerdo suscripto por los ministros de Economía de Nación, Luis Caputo y de Tucumán, Daniel Abad, que la provincia "ha manifestado su interés en buscar las herramientas financieras y administrativas para llevar a cabo la eventual adquisición y transferencia del inmueble así como el traspaso de las obras, tareas o actividades pendientes de ejecución".

En el predio se prevé construir más de 3000 viviendas, lotes con servicios y 50 locales comerciales en el sur de la capital. Se estima que este proyecto generará más de 6.000 puestos de trabajo directos y alrededor de 12.000 indirectos. Situación que ya fue planteada tanto desde la UOCRA local como desde la Cámara de la Construcción de Tucumán en sendas reuniones con funcionarios del gobierno de Osvaldo Jaldo para trazar los lineamientos de cómo se ejecutarán los trabajos de ahora en más, los cuales solamente llevan un grado de avance en torno al 15%.

Barrios populares

Por otra parte, en el decreto publicado por Nación este martes, se hace referencia al proceso encarado para avanzar en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Paralelamente, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. En este aspecto vale señalar que, antes de la paralización de la obra pública por parte de la "motosierra" de Milei, se había dispuesto la concreción de 70 obras de "Integración Socio Urbana" en barrios populares de la provincia, que eran financiados mediante el FISU y que beneficiaban a 14.777 familias . De acuerdo a información oficial brindada por la SISU, restan en Tucumán ejecutarse 48 obras de este tipo.

En tanto que, de 6.957 obras bajo la denominación del programa "Mi Pieza" (MP), faltan concretarse 313 trabajos que se realizan en 232 barrios populares distribuidos en diferentes puntos de la provincia.

Es decir que, sumados los trabajos correspondientes a ambos programas, faltarían por realizarse 361 obras en Tucumán.

Al analizar la inversión total destinada a la provincia mediante el FISU, surge que $35.762 millones corresponden a Obras de Integración; $2.266 millones para financiar MP; y $2.126 millones fueron destinados para Lotes con Servicios. Es decir, se habla de un total del programa de Integración Socio Urbana para la provincia en torno a los $40.154 millones.

Lotes con servicios

Sin embargo, los interrogantes de qué pasará con todas estas obras en la provincia no culminan aquí, puesto que, con la política adoptada desde la gestión mileísta y plasmada en el decreto publicado este martes, también se disolvió la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, que tenía un programa denominado "Plan Nacional del Suelo Urbano" orientado al apoyo y financiamiento en la generación de lotes con servicios y los instrumentos legales necesarios para favorecer la producción de suelo urbanizado en todo el país. A través del mismo, también se brindaba asesoría técnica para el desarrollo de los proyectos y se garantizaba la correcta ejecución de las obras.

"A su vez, impulsamos la creación de Bancos de Tierras, entendidos como un sistema de administración e incorporación de inmuebles al patrimonio municipal, que sirven para regularizar, constituir reservas de tierras públicas y lograr su aprovechamiento integral", detallaba en su web la información oficial, de la ahora extinta entidad.

De acuerdo a los datos del propio gobierno, los proyectos finalizados fueron 25 (un total de 5.301 soluciones habitacionales); hay 31 proyectos en ejecución; 22 a ejecutarse y 15 proyectos aprobados.

Y en estos últimos hay que poner la lupa, porque entre ellos, figuran dos que se deberían concretar en Tucumán. Uno, ubicado en Las Talitas, cuyo ente ejecutor es el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, para la generación de 238 lotes. Con una inversión total de $659,2 millones, es decir, alrededor de $2.8 millones por lote. Todo ello establecido bajo un proceso de licitación pública.

En tanto, el segundo proyecto aprobado refiere a obras a ejecutarse también por el IPV en la zona de Los Bulacio, departamento Cruz Alta, donde se tenía previsto la generación de 76 lotes, con una inversión total de $103,6 millones, destinándose a cada lote $1,36 millones, también canalizados a través de un sistema licitatorio.