Dan de baja 200.000 pensiones por discapacidad: Tucumán está en la mira por miles de casos irregulares

El Gobierno nacional avanzará con la baja de 200 mil pensiones por discapacidad por presuntas irregularidades en el cobro de la asistencia, número que podría ampliarse una vez finalizado el proceso de auditorías de 1.250.000 asistencias que se otorgan actualmente.

Así lo confirmó el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien planteó que la administración libertaria apuesta a controlar el organismo. “Lo que antes funcionaba sin ningún tipo de control, nosotros queremos controlarlo. Hoy estamos en proceso de baja de 200.000 pensiones”, aseguró.

"La Agencia hoy está enfocada en lo que son las pensiones porque es el grueso, tiene un impacto presupuestario muy grande y las irregularidades son muy llamativa. Estamos auditando caso por caso: citamos a todos los beneficiarios y los revisa un cuerpo médico que nos dice si reúnen el 66% de incapacidad o no. Aparte de eso, ya hicimos todo el trabajo de escritorio, que es el cruce de datos para ver si corresponden o no, y a partir de eso hoy estamos en proceso de baja de 200.000 pensiones", dijo el funcionario en una rueda de prensa.

El Gobierno está determinado a mantener el déficit cero en todas las áreas del Estado. En ese marco, la letra del Presupuesto 2025, tiene una reducción del 52,6% interanual en el ítem “Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa”.

Spagnuolo ejemplificó que “de hecho, se publicó un informe de la Superintendencia de Servicios de Salud donde lo que se deduce es que lo que se está pagando, en concepto de transporte de personas con discapacidad, equivale a tres viajes ida y vuelta a la luna por mes. Es una barbaridad”.

En la misma línea, aclaró: “Lo que buscamos es optimizar el sistema que, como está planteado hoy, es inviable desde todo punto de vista. Cada vez se paga más dinero en concepto de prestaciones de discapacidad y de transporte”.

Denuncia penal

El gobierno de Javier Milei presentará un informe de las auditorías realizadas en el área, en el marco de una denuncia penal iniciada a principios de este año contra el expresidente Alberto Fernández y el antecesor en el organismo, Fernando Galarraga, por serias irregularidades en la prestación de estos beneficios, en la que habría médicos, exfuncionarios y punteros políticos procesados.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que, a partir de un operativo conjunto diseñado por la ANDIS y los ministerios de Seguridad y de Justicia, se logró capturar a unos 14 delincuentes prófugos que cobraban de manera irregular una pensión no contributiva por invalidez laboral.

Actualmente, se otorgan un 1.250.000 pensiones: de ese total, la administración libertaria sumó 20 mil nuevos pedidos desde diciembre 2023, y tiene en estudio 600 mil casos.

La asistencia supone una cobertura de $220.024, lo que representa un 70% de una jubilación mínima, lo que "genera un impacto presupuestario incluyendo otros gastos por servicios y programas diversos, de 3400 millones de dólares".

Asimismo, la agencia redujo el porcentaje de discapacidad por beneficiario: antes alcanzaba un 76% de afectación, y hoy es del 66%. “Ya sea 66 o 76 por ciento es una afectación física notable, o sea, se percibe a simple vista”, argumentó el funcionario.

De acuerdo a los datos brindados por Spagnuolo, bajo la gestión de Fernández se otorgaron 390 mil pensiones por discapacidad. "El incremento fue más o menos de 250.000, porque en el medio tenés bajas por fallecimientos", explicó.

Tucumán, con casos sospechosos

El funcionario admitió que está recibiendo presión para terminar la auditoría: "Nosotros lo estamos tomando con mucha calma, no es con calma en el sentido de desidia, sino que queremos hacer las cosas bien. Ya se hizo rápido y se hizo mal. El grueso, que es el norte del país, lo queremos tener para abril o mayo. Hay ciudades que están plagadas de discapacitados, eso refleja, más allá de lo que haya ocurrido en la gestión anterior, que también hay un problema en quienes otorgaron esas pensiones y las dependencias locales".

"En La Rioja, Tucumán y algunas ciudades puntuales, se otorgaban pensiones de a mil, mil quinientas, dos mil pensiones, que se juntaba la gente en un gimnasio, por ejemplo, para entregarles el certificado, sin que hayan pasado por ningún control o presentaran documentación médica que acredite la discapacidad", sostuvo el funcionario.

Ante este panorama, la agencia inició las auditorias “caso por caso” del total de las asistencias que se dieron en los últimos cuatro años, y a posterior, avanzará con la totalidad de las ayudas registradas. Esperan tener los resultados de la revisión para mayo del 2025.

“La gente concurría, charlaban con un médico, porque ni siquiera había una revisación, se le otorgaba un diploma, en breve se le comunicará cómo empezará a cobrarlo”, detalló el funcionario.

Desde el Gobierno anticipan que van a "auditar a todo el padrón de beneficiarios" bajo dos criterios o requisitos a cumplir: "que tengan certificado por médico el 66% de discapacidad y tengan una situación social vulnerable".

También Spagnuolo sostuvo que desde que asumió el actual Gobierno recibió una "Agencia superpoblada y se redujo el 30 % del personal" y que ahora el plan es enfocarse en las auditorías y en un plan de inclusión laboral a través de emprendimientos.