La Legislatura avaló el paquete de leyes "Tucumán 911: una provincia en emergencia"

Pasaron mucho más de 20 años, en el caso de algunas de ellas, y otras no se ajustarían al presente financiero de la Provincia, de acuerdo a lo exaltado por el propio oficialismo en cuanto a las mejoras económicas que se habrían registrado a lo largo de las últimas administraciones peronistas.

Sin embargo, las emergencias en distintas materias y áreas que hacen a la gestión de gobierno continúan prorrogándose continuamente, como es el caso de más de una decena de este tipo de leyes que, en la jornada del jueves, en su última sesión, la Legislatura avaló con el voto positivo de la mayoritaria bancada justicialista a la que se sumaron algunas voluntades de aliados y sectores opositores, dependiendo del tema tratado.

Más allá que las críticas estuvieron centradas en la necesidad de seguir extendiendo hasta diciembre de 2025 estas normativas, también las objeciones se sustentaron en remarcar la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos con los que contará el Poder Ejecutivo con la aprobación de las normas en cuestión.

"Estamos ante un déjà vu, Está sesión ya la viví. En Tucumán vivimos en desastre hídrico, no tenemos agua, las comunas y municipios están al borde del colapso financiero. El citrus y la caña de azúcar en emergencia, los clubes deportivos al borde del embargo , las escuelas en un estado deplorable. Las obras públicas, en general, en emergencia. Es un contexto preocupante si avalamos esta situación", sostuvo Claudio Viña (Compromiso Tucumán), al dejar en claro que son varias las aristas que se analizaron en el debate y por las que la administración de Osvaldo Jaldo solicitó al parlamento la prórroga de las mismas por el término de un año más.

En este aspecto, el opositor indicó que algunas de las leyes puestas a consideración "evitan controles para que la administración pública sea llevada adecuadamente. Con su aprobación, estamos eximiendo en cumplimentar con la ley de obras públicas, con presentar cumplimiento fiscal, avalamos al PE a tomar préstamos sin dar explicaciones, se exceptúan de la licitación pública y ley de administración financiera para la contratación de obras. Estamos demostrando que todas estas leyes no sirven para solucionar la situación que las motivó. Seguiremos naturalizando el caos y vulnerando los sistemas de contralor que tiene el Estado", manifestó Viña.

Problemas sin resolver

Por su parte, Manuel Courel (Cambia Tucumán), indicó que el PJ, con la extensión de las emergencias, busca excusarse de la situación económica que afronta la provincia. "Es más de lo mismo. Es el modelo del peronismo en Tucumán". Además, el parlamentario remarcó que esta situación se convirtió en normal y dejó de ser excepcional. "Lo que el gobierno hace, votando estas leyes, es demostrar la incapacidad del Estado para equilibrar las cuentas públicas, erosionando la institucionalidad de la provincia. Siguen perpetuando los problemas de fondo", aseguró.

Al momento de tomar la palabra, José Seleme (Valores para Tucumán) calificó como "ritual litúrgico el renovar leyes que no solucionan nada. Tucumán es el inventor de la emergencia crónica, pero esto es una política de estado en no solucionar los problemas de la gente, es el plan del gobierno".

En tanto, José Cano (Radicalismo Federal) le marcó al oficialismo la paradoja que se presenta cuando fueron ellos mismos quienes destacaron contar el año que viene con un presupuesto superavitario, pero al mismo momento alegan un estado de emergencia continuo. "No se puede argumentar que estamos en emergencia si, al mismo tiempo, apoyan a un gobierno nacional que exalta un círculo económico virtuoso. Los gobernadores de Tucumán deberían tener el apellido 107, porque vivimos en emergencia", señaló, en relación al número de teléfono que identifica al sistema de prevención sanitaria brindado por el SIPROSA.

Para tratar de sopesar un tanto las críticas que se estaban vertiendo en el recinto, el primer representante del PJ en salir a respaldar la postura de la bancada oficial, fue Sergio Mansilla, quien, en su alocución, defendió la legitimidad de origen brindada por los votos para adoptar este tipo de medidas. "Hablan mucho de lo desastrosa de la provincia por 20 años que gobierna el peronismo. Algo bien hicimos, no subestimen a la gente. Somos el único partido que tiene responsabilidad de tomar las decisiones que se toman hoy. Estas herramientas son necesarias cuando se está en el poder. Cuando lleguen ustedes van a estar pidiendo estas leyes en un país que no es fácil de planificar", argumentó el presidente subrogante de la Legislatura.

Agustín Romano Norri (Evolución Radical) si bien dijo que, en algunas de las normativas acompañaría con su aval, le reclamó al justicialismo "disminuir las emergencias y trabajar más con legislación. Lo que pasa en Tucumán es que siempre estamos viendo el día a día y no hay una planificación para los próximos 5 o 10 años".

Cruces y defensas

Una de las intervenciones en el recinto que despertó los mayores cuestionamientos por parte de algunos referentes oficialistas fue la brindada por Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) quien, en un primer momento, se levantó de su banca y deslizó una suerte de papiro muy extenso en el que se podían ver todas las emergencias adoptadas por la provincia a lo largo de los años. Seguidamente, les pidió "cordura" a sus pares peronistas al momento de votar estas normas y, a modo de chanza, propuso "declarar a diciembre como el mes de la emergencia tucumana, porque gobiernan bajo un permanente estado de excepción. Deberían elaborar informes de las problemáticas que no resuelven", les espetó.

Paralelamente, la radical pidió al parlamento "volver a la senda correcta de gobernar con las leyes vigentes y no ampararse en una maratón de crisis interminables. La provincia debería llamarse 'Tucumán 911', una provincia en emergencia", exclamó.

Quien tomó el guante de lo referido por Elías de Pérez, en especial por la forma en que se manifestó, fue el titular de la bancada Justicialista, Roque Tobías Álvarez al rechazar el llamado a la cordura efectuado por la legisladora opositora a quien calificó de "standapera" por sus actos en el recinto e inclusive pidió "hacerle un examen psiquiátrico" por la situación acaecida.

Más allá de este cruce personal, Álvarez recalcó que las leyes tratadas "tienen un marco legal, de temporalidad y razonabilidad" por lo que son votadas afirmativamente año tras año y les señaló a los opositores, en especial aquellos que cumplieron funciones o bien apoyaron la administración de Mauricio Macri, que en ese entonces "se discutieron 99 emergencias y hoy se escandalizan". Además, recordó que fue el bloque Independencia, que responde al gobernador Jaldo en la Cámara de Diputados, el que avaló la Ley Bases "a pesar de estar en las antípodas del gobierno de Javier Milei, pero lo hemos acompañado y en esa ley, el presidente pedía cuatro años de emergencias", adujo.

Pese a que, como jefe de la bancada mayoritaria, Álvarez debería haber sido el último orador antes de la votación, quien cerró las alocuciones por este tema fue el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse que para defender los proyectos en cuestión, postuló que "sería una irresponsabilidad económica de la provincia no avanzar con estas emergencias si tenemos un país sin presupuesto y un presidente que quiere terminar con el Estado. Sin previsibilidad nacional es lógico discutir leyes de emergencia para robustecer la gestión del gobernador. Por eso, estamos orgullosos de las leyes de emergencia de carácter público que hoy estamos aprobando", aseguró.

Como es costumbre, y en una desprolija votación, más que nada por la organización de la misma, puesto que se votaron en modo de bloque a todas las emergencias juntas, por lo que la oposición debía manifestarse a viva voz sobre a cuáles apoyaba y a cuales les bajaba el pulgar, el oficialismo hizo pesar su abrumadora mayoría para homologar las diversas normas.

Emergencias que se aprobaron

• Modificar la ley 7875 y sus modificatorias para prorrogar el Estado de Emergencia Hídrica y Social en la totalidad del territorio Provincial hasta diciembre de 2025. Bajo esta emergencia, la provincia está habilitada a recibir discrecionalmente Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por parte del Gobierno libertario. Durante el año ya obtuvo, por este medio, $6.500 millones.

• Emergencia en materia del sistema eléctrico de transporte por distribución troncal hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que significarían 15 años consecutivos bajo esta tendencia. El objetivo de esta norma es que Tucumán continúe con "los estudios y la inversión, vinculados con la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables aplicadas al servicio público, como asimismo el reemplazo de la generación aislada, contribuyendo de este modo a la estructuración de una oferta que aporte al desarrollo económico y social sustentable de la Provincia", según lo remarca la ley 8342.

• Extender hasta diciembre de 2025 la facultad del PE para otorgarle aportes financieros no reintegrables a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) para financiar obras de infraestructura, inversiones y adquisición de equipamientos y maquinarias que resulten necesarios para la prestación de los servicios a su cargo (Ley 9062 que data desde hace siete años). La SAT recibió desde 2017 hasta la fecha, la suma de $9.950.005.851 millones, de acuerdo a lo reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia (BO).

• Modificación al artículo 1 de la Ley N° 7115 —texto consolidado- y sus modificatorias, con la finalidad de suspender hasta el 31 de diciembre de 2025 la aplicación de los porcentajes que cada una de las comunas debe recibir en concepto del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). El cuestionamiento opositor radica en que se promueve un reparto discrecional de fondos que corresponden a las 93 comunas rurales de Tucumán.

• Modificar la Ley 9466 y sus modificatorias, en razón de extender el plazo de aplicación de dicha norma hasta el 31 de diciembre de 2025, autorizando al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Educación, se contrate en forma directa, previo cotejo de precios todas las obras, materiales, bienes, insumos, equipamiento y servicios que resulten necesarios para la refacción de los edificios escolares de la Provincia, por lo que nuevamente la intención oficial es apartarse del proceso de licitación pública conforme lo disponen las leyes de Obras Públicas y de Administración Financiera. Los recursos se eleven de los $60 millones actuales a los $90 millones, es decir, un 50% más.

• Prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2025, la alícuota del cero por ciento en los impuestos sobre los ingresos brutos y para la salud pública para el caso de los productores pecuarios y azucareros.

• Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 la Ley 7007, del 11 de febrero del año 2000, donde se remarca que el adicional del 20% que perciben los agentes se incorpora al sueldo básico y a partir de la totalidad de los haberes se realizan los aportes para la jubilación. Esto se aplica en el caso de los empleados que se encuentran a 10 años de iniciar su trámite jubilatorio.

• Facultar a la Caja Popular de Ahorros de la Provincia a prorrogar, hasta el 31 de Diciembre de 2025, los contratos de fideicomiso celebrados con los municipios de la Provincia.

• Declarar la Emergencia Agropecuaria, por un año más, para las actividades de producción de limón, primaria e industrial, como así también a los viveros cítricos certificados por el INASE, en todo el territorio de la Provincia.

• Declarar la Emergencia Económica de las Entidades Deportivas y/o Sociales, hasta el 31 de Diciembre de 2025.

• Declarar la Emergencia Económica del Estado Provincial, Municipalidades y Comunas Rurales hasta el 31 de diciembre de 2025 y disponer la inembargabilidad de los fondos del Estado Provincial, Municipalidades y Comunas Rurales.

• Prorrogar por un año la Ley N° 9207 que permite al Poder Ejecutivo suscribir convenios de financiamiento entre la Provincia y el Estado Nacional.