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Un severo conflicto institucional sacude al fútbol provincial tras la presentación de una formal y enérgica denuncia administrativa ante la Dirección Provincial de Inspección de Personas Jurídicas de Tucumán. El trámite fue impulsado por el secretario de la institución, Juan de la Cruz Roldán, con el patrocinio letrado del abogado Dante Sarmiento, para frenar el corrimiento de autoridades y la controvertida designación de Walter Fabián Sánchez. En la presentación, se exige el rechazo inmediato de cualquier solicitud de registro o validación de la nueva nómina directiva.
El reclamo se fundamenta en graves irregularidades expuestas bajo fe de juramento, destacándose la presunta falsificación de la firma del secretario en una presentación ante el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fechada el 7 de octubre de 2026. Roldán desconoció categóricamente la autenticidad de dicha rúbrica, asegurando que no pertenece a su puño y letra y que jamás prestó consentimiento para dicho acto, lo que invalida desde su origen la actuación administrativa realizada ante el organismo nacional.
A la maniobra denunciada ante la AFA se suma una acusación sobre el documento presentado a nivel provincial el 16 de octubre de 2026. Según el denunciante, estampó su firma en esa fecha únicamente y no en un momento anterior, tal como se habría intentado hacer constar de forma falsa. Asimismo, dejó asentado que rubricó dicha acta bajo una asfixiante y severa coacción moral ejercida por directivos de la propia Liga Tucumana de Fútbol, anulando su plena voluntad.

El cuadro de irregularidades se profundiza al revelarse que la dirigencia interviniente carecía de competencias y facultades para deliberar o disponer cambios de cargos. Toda la cúpula de la entidad —incluido el propio denunciante— se encontraba formalmente suspendida en sus funciones desde el 16 de octubre de 2023 por decisión del Honorable Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA. Al carecer de legitimidad para ejercer funciones, las decisiones tomadas y la designación de Sánchez resultan actos ilegítimos y antirreglamentarios.
Frente a estas imputaciones, el escrito peticiona que la autoridad disponga el rechazo del trámite y se abstenga de inscribir la reestructuración directiva. Roldán y su letrado constituyeron domicilio legal en la ciudad de Yerba Buena a la espera de un pronunciamiento oficial. La resolución de la Inspección de Personas Jurídicas será clave para determinar la validez de las autoridades y el cauce legal de la institución deportiva.
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