Estados Unidos desplegó un portaaviones en el Caribe y generó reacciones internacionales

Noticias Argentinas confirmo la llegada de un portaaviones estadounidense al mar Caribe, luego de recientes ataques militares que causaron la muerte de decenas de civiles acusados de ser narcotraficantes, provocó críticas de diversos países y amenazó con agravar aún más las tensiones regionales.

Con la incorporación del Grupo de Ataque del portaaviones Gerald R. Ford, liderado por el buque más grande del mundo, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe supera ahora los 15.000 efectivos, lo que representa la mayor concentración de fuerzas en la región en tres décadas.

Según un comunicado del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, estas tropas “mejorarán y aumentarán las capacidades existentes para desarticular el tráfico de drogas y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales en el hemisferio occidental”, de acuerdo con declaraciones del portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.

El área de responsabilidad del Comando Sur abarca América Latina y el Caribe. En respuesta, Venezuela ordenó una concentración militar a gran escala para contrarrestar la presencia naval estadounidense frente a sus costas, advirtiendo que la acción de Washington podría “desencadenar un conflicto total”.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, informó que unos 200.000 soldados participaron en ejercicios destinados a contrarrestar las “amenazas imperiales” y a garantizar que el país esté “salvaguardado, protegido y defendido”.

El despliegue generó preocupación y condena internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, expresó al margen de la reunión del Grupo de los Siete (G7) celebrada en Canadá que las operaciones militares estadounidenses en el Caribe “violan el derecho internacional”. En la misma línea, su homólogo ruso, Sergei Lavrov, afirmó que los ataques norteamericanos reflejan el accionar de “países sin ley” que “se consideran por encima del derecho”.

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra al menos 20 embarcaciones en aguas internacionales, con un saldo de 76 muertos, según cifras oficiales. Sin embargo, Washington no ha presentado pruebas de que los blancos atacados estuvieran vinculados al narcotráfico.

Funcionarios del Pentágono reconocieron, durante una reunión informativa confidencial ante un panel de la Cámara de Representantes el 30 de octubre, que desconocen las identidades de todas las personas fallecidas en los ataques, según informaron medios estadounidenses que citaron a legisladores demócratas presentes en el encuentro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó en reiteradas ocasiones las acciones de Washington, a las que calificó como intentos de “quitarle el poder y ampliar la influencia militar estadounidense en América Latina”. En la misma línea, el ministro de Defensa venezolano denunció que “están asesinando a personas indefensas, sean o no narcotraficantes, ejecutándolas sin el debido proceso”.

Diversos expertos en derechos humanos señalaron que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, incluso si los blancos fueran narcotraficantes reconocidos.

A comienzos de noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Maduro de ser un narcotraficante y aseguró que “sus días estaban contados”. Posteriormente, el 24 de octubre, su administración impuso sanciones al presidente colombiano Gustavo Petro, en medio del creciente deterioro de las relaciones bilaterales.

El Departamento del Tesoro estadounidense acusó a Petro de permitir que “los cárteles de la droga prosperen”, mientras que el mandatario colombiano respondió criticando a Washington por “usar su política antidrogas como pretexto para justificar el uso de la fuerza en el Caribe y tomar el control de las reservas de petróleo”.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea, reunidas en la ciudad colombiana de Santa Marta los días 9 y 10 de noviembre, emitieron una declaración conjunta en la que se opusieron a “la amenaza o el uso de la fuerza” e instaron a consolidar la paz en la región.